El juez de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler denunció penalmente este viernes (24/02) a tres integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzzenegger, y a otros dos funcionarios de la entidad monetaria.
Lo hizo en el marco de la causa en la que está siendo investigado en el Consejo por presunto enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones.
Freiler advierte al juez Sebastián Casanello, donde recayó la causa, que los consejeros llevan un expediente en su contra con medidas de prueba que no son atribuibles a esa institución, sino al Poder Judicial. Además, el camarista en lo Criminal y Correccional sostiene que fue sobreseído con sentencia firme en la causa a través de la que se lo pretende remover.
"Sólo los jueces tienen jurisdicción e imperio para juzgar y determinar la comisión de delitos. Nunca un tribunal político-administrativo podría hacerlo, so riesgo de conformarse como una `comisión especial´, las que prohíbe nuestra Carta Magna", dice Freiler en el escrito al que accedió Urgente24.
Cabe recordar que hace dos semanas, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura amplió la investigación contra Freiler con una batería de medidas. La intención es desplazar a Freiler pero al oficialismo en la Magistratura le falta un voto para lograr la mayoría necesaria.
El gobierno de Mauricio Macri busca que en marzo Freiler sea suspendido en su cargo y enviado a juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Freiler es juez de la Sala I de la Cámara Federal y está investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la Magistratrura. El magistrado califica su investigación como "plagada de irregularidades" y promete dar pelea. "De ninguna manera voy a renunciar", dijo semanas atrás. Ahora hizo la denuncia.
El camarista fue uno de los primeros integrantes de Comodoro Py al que apuntó el gobierno de Macri cuando asumió en diciembre de 2015. El otro era Norberto Oyarbide, que renunció en abril del año pasado.
El Gobierno entiende que el enriquecimiento de Freiler es apreciado y que no lo puede justificar. Detrás también hay un motivo político: lo que entienden es su explícita cercanía con el kirchnerismo que llevó a la práctica en fallos judiciales.
"Las presentaciones (...) pretenden inducir al Consejo de la Magistratura a investigar lo ya investigado en sede penal, donde se dictó una sentencia -hoy firme y con autoridad de cosa juzgada- que me eximió de responsabilidad", enfatiza el camarista en el escrito presentado.
La denuncia es contra Miguel Alberto Piedecasas, Presidente del Consejo de la Magistratura hasta diciembre de 2016; Adriana Olga Donato, quien fue Presidente de la Comisión de Disciplina y acusación del Consejo de la Magistratura hasta diciembre de 2016 y actualmente es presidente del Consejo de la Magistratura.
También abarca al diputado Nacional del PRO, Pablo Tonelli, quien es el instructor de los Expedientes 253/2016 y su acumulado 289/2016, y actual Presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación el Consejo de la Magistratura; además de a Sturzzenegger, a Julio C. Bustamante Loader, Gerente Administrativo Judicial del Banco Central, y Martín Pereyra, Analista Sr. de la Gerencia Administrativa Judicial de dicha entidad.
"En el Consejo de la Magistratura de la Nación, se labran los expedientes 253/2016 (...) y su acumulado 281/2016 caratulado 'Monner Sans Ricardo c/ Dr. Freiler Eduardo Rodolfo (Sala I Cam. Crim. Correc. Fed.)', donde se me investigaría por presunto mal desempeño de mis funciones o comisión de delitos en mi ejercicio", comienza Freiler en su presentación.
"En primer término se deberá investigar el hecho consistente en que la Comisión de Disciplina y Acusación se empeña en actuar como instancia superior y revisora de cuestiones jurisdiccionales", continúa.
"Las presentaciones (...) pretenden inducir al Consejo de la Magistratura a investigar lo ya investigado en sede penal donde se dictó una sentencia -hoy firme y con autoridad de cosa juzgada- que me eximió de responsabilidad", dice la denuncia.
"De la batería de medidas de pruebas solicitadas por la Comisión de Disciplina y Acusación se desprende el claro objetivo de probar un enriquecimiento ilícito de mi parte, extremos estos investigados por la justicia y sobreseído oportunamente", aclara Freiler.
Y prosigue: "en nuestro sistema normativo con cúpula en nuestra Constitución Nacional, sólo los jueces tienen jurisdicción e imperio para juzgar y determinar la comisión de delitos. Nunca un tribunal político-administrativo podría hacerlo so riesgo de conformarse como una "comisión especial, las que prohíbe nuestra Carta Magna".
También los acusa de "Violación de secretos bancarios y fiscales": Freiler comenta que el 1 de diciembre próximo pasado, en el seno de la Comisión se aprobaron nuevas y numerosas medidas de prueba, entre las que se encuentran:
> "Haber requerido a la Caja de Valores S.A. que informe si yo, mis padres, mis hijos, mi hermana, mi ex esposa, somos o hemos sido titulares de cualquier tipo de título valor o si poseemos o hemos poseído cuentas o subcuentas en el Banco o en la Caja de Valores y, en caso positivo "informe cuáles son esos títulos, el valor actual, el monto actual depositado y el saldo promedio. La Caja de Valores contestó el requerimiento".
> "Haber requerido a la Administración Federal de Ingresos Públicos que aporte copia certificada de la totalidad de la información que allí obre respecto a mi persona". "AFIP contestó remitiendo sobre cerrado con actuaciones 13288-1778-2016 en 15 fojas y 1190-32-2017 en 170 fojas, los que se encuentran reservados en caja fuerte por "secreto fiscal".
> "Haber requerido al Banco Central de la República Argentina que aporte la totalidad de información que obre en entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio respecto de mi persona.
El 2 de febrero de corriente, se reiteró oficio al BCRA incorporando inverosímiles argumentos para justificar respecto a un supuesto deber de informar no obstante el secreto bancario (fs 438/440 del expediente), donde se trata de forzar la normativa hasta el ridículo, echando mano a dictámenes de improbable aceptación que violan la normativa vigente.
El 15 de febrero el BCRA contestó parcialmente el oficio".
>"Haber realizado requerimiento a las compañías emisoras de tarjetas de créditos solicitándoles la totalidad de los movimientos de aquellas emitidas a mi nombre. Notar que NATIVA (Banco Nación) se rehúsa a contestar por deber de reserva y de confidencialidad que le corresponde observar a la entidad, a lo que la Comisión insiste desarrollando imposible justificación respecto del deber de informar en el mismo sentido que lo hizo con el BCRA".
El otro hecho denunciado por el camarista indica que "con fecha 16 de febrero se requirió a la firma Nosis, la totalidad de información que cuente respecto de personas relacionadas a mí, aunque no surgiendo dicha relación de ninguna actuación obrante en los expedientes, por lo que no existe vinculación causal alguna entre el pedido y los antecedentes obrantes. Por esa razón es imposible no sospechar que se están incorporando datos en forma subrepticia e ilegal; que más allá de que en materia administrativa no se requiera guardar formalidades sacramentales no significa que ello autorice a actuar en forma arbitraria o ilegal, pudiendo subsumirse tales conductas en el art 153 del Código Penal de la Nación o configurar una violación a la ley de Inteligencia Nacional. Más que ilustrativa es la denuncia recientemente radicada en el Juzgado Federal nº 6 en el sentido de que unas cien personas, entre las que me encuentro, estaría siendo objeto de espionaje ilegal".
Para finalizar, Freiler pidió que se le otorgue "el rol de querellante, toda vez que las conductas penalmente tipificadas de los aquí denunciados lesionan mis derechos y garantías constitucionales y me causan un enorme daño".
"Los denunciados son funcionarios del Estado Nacional y la acción ilícita obstruye mi desempeño, afecta mi condición de Juez de Cámara y afecta el normal desenvolvimiento de las instituciones federales en cuestión y la administración pública", concluye.