Freiler: "No voy a renunciar"

 

 

El gobierno de Mauricio Macri busca que en marzo el camarista federal Eduardo Freiler sea suspendido en su cargo y enviado a juicio político por mal desempeño de sus funciones.

 

En ese tema trabajan los representantes del macrismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los magistrados nacionales y federales.

 

Freiler es juez de la Sala I de la Cámara Federal y está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tanto en el Consejo como en una causa penal. El magistrado califica su investigación como "plagada de irregularidades" y promete dar pelea. "De ninguna manera voy a renunciar", dijo.

 

El camarista fue uno de los primeros integrantes de Comodoro Py –el edificio donde están los jueces federales, quienes llevan las causas políticas– al que apuntó el gobierno de Macri cuando asumió en diciembre de 2015. El otro era Norberto Oyarbide, que renunció en abril del año pasado.

 

El Gobierno entiende que el enriquecimiento de Freiler es apreciado y que no puede justificar. Detrás también hay un motivo político: lo que entienden es su explícita cercanía con el kirchnerismo que llevó a la práctica en fallos judiciales.

 

En diciembre pasado, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo dispuso una treintena de medidas de prueba. Entre ellas, pedidos de informes a tarjetas de crédito del camarista, al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Inspección General de Justicia, a distintos registros de propiedad y a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se abrieron los anexos reservados de las declaraciones juradas del juez. Casi todos los oficios ya fueron contestados pero restan algunos.

 

La denuncia contra Freiler la presentaron el abogado Ricardo Monner Sans –quien también lo denunció penalmente – y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, tras publicaciones periodísticas que daban cuenta del fuerte incremento patrimonial del juez.

 

Freiler declaró ser dueño de una casa de 1.200 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos, de dos vehículos, dos autos antiguos, de caballos de carrera, de un velero y de propiedades y hectáreas en distintas localidades, entre otros bienes. Para los denunciantes, eso no se adquiere con el sueldo de camarista federal que, según la antigüedad, puede estar entre los 90 y 100 mil pesos por mes.

 

"No hay margen para que no haya juicio y creemos que vamos a tener una holgada mayoría", dicen con entusiasmo en el macrismo. Si se aprueba el juicio político, Freiler quedará suspendido en el cargo por seis meses, plazo en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá realizar el proceso. El jurado tiene que decidir si aprueba la destitución o rechaza la acusación.

 

"No voy a renunciar", dice Freiler y reafirma: "De ninguna manera". La renuncia es una de las salidas que muchos magistrados utilizan cuando saben que están cerca del juicio político. El último caso fue el del juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien renunció en octubre pasado, cuando estaba bajo investigación por maltrato a los empleados del tribunal y por presuntas irregularidades en la contratación de un teatro donde se realizaron juicios por delitos de lesa humanidad. Esa salida le permite al juez no pasar por el juicio y también mantener su jubilación, que pierde si es destituido.

 

"Está plagado de irregularidades desde el comienzo porque no hubo denuncia sino una nota periodística en la cual un supuesto Colegio de Abogados se presenta junto con otro abogado, un denunciante profesional, que dicen que hay que investigar lo que dice el diario Clarín", critica Freiler y sostiene que "es un manoseo total".

 

También defiende su patrimonio y dice que puede justificar todo, como ya lo hizo en la causa penal. Tendrá la oportunidad de hacerlo cuando la causa avance en el Consejo. El Gobierno quiere que sea en los próximos meses.