En un principio, la firma de 5 convenios para concretar el traspaso a la Ciudad de más de 20 juzgados penales, unos 30 juzgados laborales, el fuero del consumidor y la Inspección General de Justicia (IGJ), estaba prevista para fines de noviembre pasado. Sin embargo, se pospuso por rechazo de jueces nacionales que recaerán en el ámbito porteño, por juzgados sin concurso del Consejo de la Magistratura, cuyo conflicto radica en los sueldos.
Es que un magistrado porteño cobra menos que un nacional, al menos hasta la última modificación del presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani. A medidados de diciembre, el funcionario cercano a Daniel Angelici acordó con los jueces porteños una liquidación del sueldo desde este mes similar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con lo cual incluye el título en el básico y suben aproximadamente un 6% su salario. "Esto casi equipara los sueldos de los jueces porteños con los nacionales", destacaron desde el gobierno de la Ciudad.
Mientras, la Unión de Emplados de Justicia de la Nación (UEJN), a cargo de Julio Piumato, es una de las fracciones gremiales que está en alerta, principalmente por la transferencia en el fuero laboral, que prevé el traspaso de 30 juzgados. El rechazo recibió el apoyo de la CGT y algunos senadores justicialistas como Miguel Pichetto, quien se reunió en varias oportunidades con el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano. Por las trabas en el Congreso, el funcionario macrista decidió posponer la firma de los convenios en noviembre, que finalmente se concretaría en estos días.
Otra cuestión polémica es el traspaso del IGJ a la ciudad. Según interpretó el fiscal Franco Picardi, el organismo inspector porteño regularía las sociedades offshore.“Con la excusa de otorgar mayor agilidad a los trámites societarios, se prevé la derogación del régimen informativo que deben brindar las sociedades constituidas en el extranjero o la eliminación del requisito de la pluralidad sustancial de socios que son verdaderos pilares para evitar fundamentalmente el fraude empresario”, indica la denuncia que impulsó el fiscal y que investiga el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.
Por esta cuestión fueron imputados en diciembre el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo. En este sentido, la IGJ sería por el momento el único punto que no acordarían concretar esta semana. Aunque fuentes del Gobierno porteño aseguran que el organismo que controla las sociedades comerciales correrá por cuenta de la Ciudad, hay una interna en la IGJ que podría complicar las cosas. Es que dicho ente hoy es dirigido por Sergio Brodsky, cercano a Angelici, quien compite permanentemente por ubicar alfiles en la justicia con el ministro Garavano.