El juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes al exjefe del Ejército César Milano por el delito de enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo preventivo de $5 millones. En la misma resolución, Rafecas también procesó como partícipe necesario de la maniobra al capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien le trabó embargo por $2 millones.
En la resolución, de más de 500 páginas, la Justicia convalidó la conclusión de un peritaje oficial entregado al Juez en septiembre pasado, y dio por probado que Milani no justificó, al menos en parte, la compra en junio de 2010, de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000, monto del cual, al menos la mitad, se desconoce el origen del dinero que Milani invirtió en dicha propiedad.
Precisamente para intentar justificar el origen del monto faltante, Milani habría apelado a fraguar un documento, supuestamente fechado en diciembre de 2009, por el cual un amigo y compañero de armas retirado, Eduardo Barreiro, aparecía efectuándole un préstamo de U$S200.000 (unos $ 800.000 para esa fecha), documento que en su momento Milani presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar el faltante y sortear la intimación oficial.
Pero tanto los peritos contadores oficiales en su dictamen, como ahora el Juez interviniente, descartaron tal documento como evidencia, ya que por un lado, el mismo, pese al importante monto implicado, no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos, y por el otro, la investigación judicial demostró que el supuesto prestamista -Barreiro- carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante; y que ni Milani ni Barreiro reflejaron en sus declaraciones juradas impositivas la existencia del mutuo en cuestión.
Asimismo, para hacer cerrar la maniobra, Milani apareció vendiéndole a Barreiro un departamento de su propiedad en la calle Moldes, en noviembre de 2010, operación ésta que también se reputó fraguada, habida cuenta de numerosos indicios detallados en la resolución, como que por ejemplo, Milani continuó pagando las expensas de ese departamento durante los tres meses siguientes a la supuesta venta. O que, pese a que en esa supuesta venta no debería haber existido entrega de dinero, el acta del Escribano interviniente sostuvo lo contrario.
Se trata de una causa iniciada a mediados de 2013, en la cual en septiembre de ese año Rafecas ordenó la confección de un informe patrimonial preliminar –a cargo de la División Delitos Económicos de Prefectura Naval-, que fuera entregado en octubre de 2014. Completada la reunión de documentación adicional, en junio de 2015 el Fiscal interviniente, Dr. Di Lello, requirió la intervención técnica de la PROCELAC, organismo éste que entregó su informe final en febrero de 2016, con el cual fiscal requirió la pericia contable de los expertos de la Corte, a lo que Rafecas hizo lugar. La pericia contable fue entregada al Juzgado en septiembre de este año y dos días después el juez dispuso las indagatorias de los ahora procesados.