La jueza de La Plata Marcela Inés Garmendia hizo lugar este jueves (01/12) al pedido del fiscal Álvaro Garganta y resolvió la prohibición de salir del país "sin previa autorización judicial" a Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli, a quien además le dictó la inhibición general de bienes.
El ex funcionario está acusado del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público por supuestas maniobras para encubrir gastos irregulares durante la gestión del ex candidato a presidente del Frente para la Victoria.
La medida también alcanza a Walter Edgardo Carbone, Sandra Alicia Mamberti, Monica Cecilia Ripamonti y Alejandra Tavelli. La inhibición es por un valor de $15 millones.
"Debo tener en cuenta no solo el quantum o la magnitud de la pena en expectativa de los delitos que se le endilgan a los imputados de autos, sino también las condiciones personales así como también la situación socio-económico de los causantes, por lo que estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos por el tiempo que dure el proceso", argumentó la jueza.
"Si bien los imputados son conocidos públicamente debido a los cargos que han ostentado en el pasado, lo cual podría atemperar de alguna manera la probabilidad de profuguez, no es menos cierto que al menos dos de ellos -en particular quien fuera titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el ex Subsecretario de Administración-, cuentan con los recursos patrimoniales suficientes y necesarios para intentar evadir el accionar de la justicia", agregó.
A principios de junio de este año, la diputada Elisa Carrió denunció por lavado de dinero a Scioli y a funcionarios de su administración (Alberto Pérez y el ex presidente de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella), para que se investigue lo que llamó las "cajas negras" que habrían manejado en la provincia de Buenos Aires.
Según reveló el programa La Cornisa, la maniobra se iniciaba con gastos que eran aprobados "sin la más mínima revisión por el contador general de la provincia durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador".
Luego, el expediente ingresaba, 16 meses después del cierre del año en que se gastaba, al Tribunal de Cuentas, que lo analizaba en el marco de una auditoría de gestión. Durante ese procedimientos, el trámite era "observado y cuestionado", en tanto que los firmantes recibían "multas y les exigían rendiciones con documentación respaldatoria".
No obstante, en una tercera etapa "el expediente era subsanado y limpiado por los auditores jefes, quienes lo remitían a la vocalía, máxima instancia de Tribunal de Cuentas".
El fiscal Garganta cree que esta maniobra consistió no sólo "en subsanar y limpiar observaciones y multas, sino también presionar a los auditores para que modificaran sus dictámenes".