El fiscal federal Diego Luciani denunció que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del kirchnerismo, Romina Picolotti, incumplió la autorización para trabajar en los Estados Unidos porque viajó a distintos países sin informarlo a la Justicia. Ante esa violación, pidió que se revoque el permiso y que la ex funcionaria regrese de inmediato a la Argentina para que se realice el juicio oral por corrupción que tiene en su contra.
En su escrito presentado ante el TOF 6, el fiscal argumentó que Picolotti violó las condiciones del permiso otorgado, que estableció su obligación de presentarse cada mes en el consulado argentino y pedir permiso para viajes al exterior de los Estados Unidos. La fiscalía se basó en fotocopias del pasaporte de Picolotti pedidas en la causa, que dieron cuenta de viajes de la procesada a Islandia, Marruecos, Grecia y Kenia el último año.
Para el fiscal, Picolotti violó una de las reglas que el Tribunal Oral Federal 6 le impuso cuando la autorizó a vivir en los Estados Unidos por un contrato de trabajo, que era la de informar si salía de ese país. Los jueces José Martínez Sobrino, María Roqueta y Julio Panelo le habían advertido a la ex funcionaria K que debía cumplir ciertas obligaciones bajo apercibimiento de ordenar su captura y declararla en rebeldía.
Picolotti estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde junio de 2006 hasta diciembre de 2008, cuando fue desplazada por Cristina Fernández debido al escándalo en que se vio inmersa por gastos superfluos y personales pagados con dinero público: Picolotti fue procesada por "administración fraudulenta" y espera ser sometida a juicio oral.
La ex funcionaria está autorizada desde el año pasado a vivir en Miami para trabajar en el Institute for Governance and Sustainable Development. Fijó su domicilio en una casa valuada en casi medio millón de dólares en la exclusiva zona de Palm Beach.
La autorización fue extendida hasta junio del año que viene porque le ofrecieron continuar el contrato laboral hasta enero de 2018. El fiscal se opuso en las dos oportunidades a que Picolotti viva en Estados Unidos porque demoraba la realización del juicio y significa un riesgo ya que no había un control sobre la imputada. Los jueces entendieron que no se podía coartar el derecho laboral y le fijaron obligaciones a la ex funcionaria: presentarse todos los meses en el Consulado, comparecer ante el tribunal cuando sea convocada, pagar una caución de 10 mil pesos e informar cada vez que salga de Estados Unidos.