El juez federal Luis Rodríguez procesó este jueves (29/09) a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por no haber denunciado ni impulsado acciones penales contra Marsans, ex titular de Aerolíneas Argentinas, por la presunta administración fraudulenta de la empresa.
Rodríguez consideró que la ex funcionaria kirchnerista incumplió sus deberes de funcionaria pública en la auditoría sobre la aerolínea de bandera, y sospecha que encubrió los delitos cometidos por el grupo español. Por hechos similares están siendo investigados el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional, Julio de Vido, y ex presidente de AA y diputado de La Cámpora, Mariano Recalde.
Recordemos que en el 2001, el grupo Marsans adquirió el 92,1% de la empresa y el Estado se quedó con el resto hasta que, en julio del 2008, debido a la “deplorable administración” de la compañía, la entonces presidente Cristina Fernández decidió reestatizarla.
Según datos aportados al juez, había un pasivo de 890 millones de dólares, que luego, durante el trámite e expropiación, se incrementó a 1.200 millones de dólares.
Según el juez, Abonna no cumplió con lo establecido por la la ley 26.466 y el decreto 2347/2008. Ambas normativas imponen al gobierno nacional "realizar todas las medidas necesarias y que estuvieran a su alcance, no sólo denunciar penalmente a los funcionarios del grupo Marsans, sino recuperar el patrimonio afectado por su mala gestión".
El texto señala también que, en el conjunto de hechos, tanto la ex procuradora, como De Vido y Recalde, buscaron "de manera burda y evidente, favorecer al grupo español". En este sentido, un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) -solicitado por el Poder Ejecutivo y que demoró tres años en ser presentado-, advierte la "imperiosa necesidad de entablar las pertinentes acciones penales y comerciales" contra los antiguos gestores de la compañía.
"No tenemos registros de que se hubiera llevado a cabo ninguna medida […] La inacción en contra de los responsables y el propio grupo empresario MARSANS, resulta notorio", señala la resolución del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, que fue reproducida por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Lejos de avanzar contra aquella empresa, el Estado le pagó a la firma española 832.897.800 de dólares por la expropiación, le perdonó una deuda impositiva de 319 millones de pesos y se hizo cargo de 500 millones de pesos de pasivo post concursal, señala el reporte de la UBA.
Por lo tanto, concluye Rodríguez, la omisión de los funcionarios no solo infringe la obligación de denunciar "de oficio" los delitos, sino que también alcanza a la figura de encubrimiento, pues "entorpece las investigaciones necesarias para acreditar cuál fue la responsabilidad de Marsans en el vaciamiento".
A Rodríguez le "sorprendió" la ausencia de denuncias de parte de los ex funcionarios nacionales porque, desde el propio Poder Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández, en distintas oportunidades cuestionaron públicamente a Marsans por el "saqueo" de la aerolínea de bandera. "La verdad es que fue una compañía maltratada en todas las maneras posibles y realmente saqueada", llegó a decir en 2013 Axel Kicillof ante el Senado de la Nación, cuando era ministro de Economía.
Abbona fue procesada porque “poseyendo bajo su poder informes confeccionados por distintos especialistas en la materia y cuyo fin era la determinación cualitativa y cuantitativa de los pasivos generados durante la cuestionada gestión de Aerolíneas Argentinas, no promovió la persecución de las múltiples conductas delictivas que de ellos se desprendían”.
El juez Rodríguez sostuvo que Abbona “en forma abusiva omitió denunciar ante la justicia penal los informes sindicados, cuestión por la cual estuviera compelida” por su condición de jefa de los abogados del Estado.
“Pese a la obligación que pesaba por su calidad de Procuradora del Tesoro de la Nación, la imputada omitió denunciar ante la justicia la información que fuera puesta en su conocimiento mediante los informes desarrollados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la firma KPMG y Oliver Wyman, sino hasta que transcurrió una considerable cantidad de tiempo desde la confección de aquellas”, insistió el juez.