Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reiteraron el pedido de indagatoria para Cristina Fernández por el presunto otorgamiento de negocios millonarios con obras públicas viales al empresario de la construcción Lázaro Báez.
Los fiscales investigan “la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos”.
En el pedido anterior, Pollicita y Mahiques habían solicitado la indagatoria de la ex presidente, de Báez y de todos ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y de los empresarios involucrados en el caso.Entre ellos estaban el ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, y de quien fuera su segundo como secretario de Obras Públicas, José López (detenido por el escándalo de los bolsos y el monasterio).
Luego de aquel pedido de los fiscales, el juez Julián Ercolini le solicitó a Pollicita y Mahiques una serie de medidas que debían producirse antes de una eventual citación a indagatoria.
Entre los pedidos de Ercolini figuraba la totalidad de las pruebas que había en contra de los sospechados, según detalla el portal Infobae. Fue así que los fiscales enumeraron las 227 evidencias que hay en el expediente y que, según su evaluación, demostraría la existencia de un "plan sistemático" destinado a favorecer a Báez quien a su vez pagó alquileres y habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner.
El listado relevado por los fiscales recorre los 12 años de administración kirchnerista a través de documentos que muestran el crecimiento de los negocios de Báez a partir de dinero público. Para los fiscales, en la causa se consolidaron las sospechas sobre "la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial".
Pollicita y Mahiques señalaron que "la hipótesis delictiva aquí diseñada -enmarcada desde un enfoque integral y completo a la luz del caudal probatorio recolectado en los distintos legajos conexos- evidencia que mientras el empresario Lázaro A. Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que demuestra que la maniobra investigada en la causa n° 5048/16 (Obra Vial derivada a Báez) se trataría del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se analiza en la causa conexa n° 11.352/14 Hotesur, en donde se están produciendo distintas medidas de prueba orientadas a esclarecer dichos sucesos".
Los fiscales le pidieron celeridad a Ercolini para avanzar en la causa. Lo hicieron sobre la base de diferentes fallos recientes de la Cámara Federal, el tribunal que revisa la actuación de los jueces federales.