Todo indica que el Gobierno de Mauricio Macri logrará hoy (18/8) en la Corte Suprema de Justicia un fallo favorable de fondo. Es decir, el máximo tribunal le reconocerá que tiene la facultad de fijar las tarifas. Sin embargo, le ordenará realizar audiencias públicas y establecer algún tope al tarifazo, dándole la razón aquí a los planteos judiciales hechos por los usuarios y que lograron en la Justicia varios fallos a favor en todo el país. En suma, la administración Macri puede sentirse aliviada con el desenlace que se espera tendrá el asunto. El fallo de la Corte se conocería ente las 10 y las 11 de la mañana.
El máximo tribunal reconocerá que el Poder Ejecutivo está facultado para determinar los precios del gas. De esta forma, validará la potestad legal de Estado nacional para decidir en el segmento mayorista de la energía, es decir el importe del gas en boca de pozo. Este componente es el más importante en las facturas de gas, ya que representa casi un 60% de las facturas, indica el diario Clarín.
Pero la justicia también se referirá a un aumento “razonable”. El Gobierno entiende que la tarifa social alcanza para cumplir con esa demanda, pero la Corte se inclinaría por algún tope. En ese sentido, está la resolución 129, dictada por el ministerio de Energía, pero que todavía no fue instrumentada.
Se trata de la resolución que establece que los incrementos tienen un tope de 400% en las facturas del año pasado en los hogares y de 500% en los comercios.
También habrá menciones a “cumplir con los procedimientos legales” para aplicar aumentos. Esto llevaría a la obligación de realizar audiencias públicas. El gobierno tenía previsto ese proceso en 2017 y prometió audiencias para octubre. Mientras, aplicó un incremento “transitorio”. Aquí la Corte estaría en contra.
Por su parte, el diario La Nación desgrana un poco mas los componentes del precio del gas. Está en duda si le exigirá al Gobierno el requisito de las audiencias públicas para el precio de extracción de gas en boca de pozo.
De confirmarse estos datos, se abriría la posibilidad de que las empresas distribuidoras puedan refacturar, manteniendo el aumento de precio por el tramo de la extracción, que representa más del 50 por ciento del componente de la tarifa final, mientras que no podrían cobrar, en cambio, el aumento fijado por el transporte y distribución.
Según el matutino, en este caso la Corte les estaría dando a los inversores una señal de previsibilidad, porque no exigiría un requisito de audiencia previa que no es exigido por la ley, como es el caso del precio en boca de pozo.
Luego, el impacto fiscal sería mucho menor que el que sufriría el Estado si, por el contrario, la Corte volteara el incremento tarifario en todos sus tramos.
Y por último, si parte del aumento se cayera por falta de audiencias públicas, una vez que éstas se realicen, el Estado no podría pretender cobrar retroactivamente los montos que pretendió facturar hasta ahora.