PARANÁ. Permanentes escándalos que protagonizan integrantes del Poder Judicial provincial, quienes siguen sumando denuncias por su desempeño, que convierte a la justicia de Entre Ríos, a ojos de la opinión pública, en una especie de aguantadero.
El más reciente de los avatares lo protagonizó la jueza Susana Medina de Rizzo, integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que preside la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y es titular de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ, por sus siglas en inglés): de acuerdo a lo publicado por la web Entre Ríos Ahora, el pasado 15/07, fue atacada por 2 mujeres que la esperaron a la salida de su vivienda, la golpearon y le provocaron lesiones en un brazo. El hecho. según trascendió. obedece a cuestiones familiares, y se trató de ocultar, pero se conoció ante la denuncia de un vecino que fisgoneó la pelea: "Intervino la policía para separar a las contendientes", reveló.
En definitiva, se inició una investigación por lesiones leves, con la intervención de 2 fiscales, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gervasio Labriola. Ante la consulta de Entre Ríos Ahora, desde la Justicia se confirmó la agresión contra la jueza y se señaló que se investiga el caso y el móvil del ataque. Las 2 atacantes serían personas conocidas o familiares de la magistrada.
La misma jueza Medina de Rizzo fue protagonista de otro suceso ocurrido en mayo, cuando requirió al gobernador Gustavo Bordet, en representación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, un subsidio para solventar los gastos de un conjunto musical que la acompañaría a su asunción como presidente de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, en Washington, USA.
El conjunto en cuestión, denominado “Los Cardones”, lo integran funcionarios de la Justicia provincial, quien tendrían salarios que cuestionan el pedido de subsidios. El Ejecutivo entrerriano no hizo lugar a la totalidad del pedido, pero “colaboró” parcialmente para que "Los Cardones" llevara su música a la asunción.
El caso Chiara Díaz
Hace años que el vocal del STJ, Carlos Alberto Chiara Díaz, aduce razones académicas para ausentarse de su trabajo y viajar todos los jueves y viernes a la Ciudad de Buenos Aires, cobrando un plus de $2.500 para viáticos, además de su salario. En esas jornadas, él no aparece por el Palacio Judicial.
Pero resulta que Chiara Díaz tenía motivos adicionales para ausentarse: Una amante y un hijo extramatrimonial, que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo el juez, vaya uno a conocer el motivo, provocó el estallido de la bomba al negarse a garantizar alimentos a su hijo extramatrimonial, cuota alimentaria que según un especialista consultado, en el marco del nuevo Código Civil, sería de $50.000 mensuales, teniendo en cuenta que su cónyuge (esposa legal) tiene trabajo, y sus hijos matrimoniales son mayores de edad.
El 28/03/2016, el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Civil N° 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó oficio ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, solicitándole informar la remuneración mensual que percibe Carlos Alberto Chiara Díaz, titular del DNI N°5.951.161, demandado en los autos caratulados “Del Valle Mac Dougall, Liliana Mercedes y otro c/Chiara Díaz, Carlos Alberso s/Alimentos” (Expte N°87.973/2015).
Quizá el vocal del STJ pensó que la cuota alimentaria para su hijo estaría cubierta por los favores hechos a su amante al hacerla ingresar al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ese hecho, y además por considerar que el juez Carlos Chiara Díaz incurrió en “mal desempeño” y poner en tela de juicio “los exorbitantes gastos reservados” que el magistrado cobraría, el ex senador nacional Héctor Maya y otros ex dirigentes del justicialismo de Entre Ríos, presentaron un pedido de juicio político contra el magistrado ante la Cámara de Diputados de la provincia.
El caso Mizawak
Pero si hay un caso que realmente es un escándalo es el cual que ocurrió en el mismo domicilio de Ciudad de Buenos Aires que tienen todas las empresas de la familia Urribarri.
También aparecen otras 2 sociedades anónimas que tienen entre sus socios al padre y la hija de la actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Claudia Mizawak.
Las empresas Residential SA y Construyendo SA, tienen como domicilio Junín 658, Piso 6to; torre B; oficina A, la dirección de los emprendimientos comerciales de los familiares del gobernador.
Hay un detalle más que significativo: además del padre de la presidente del STJ, Jorge Abraham Mizawak, y de su hija, Eugenia Ormache; figuran como socios de ambas empresas los empresarios de la construcción Miguel Marizza y Néstor Iván Szczech.
También los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, vinculados a empresas de seguridad privada y con fuertes lazos comerciales con Marizza y Szczech, y con el ex gobierno de Urribarri.