La Policía Federal llevó a cabo anoche operativos de requerimiento de información en las oficinas el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en la empresa YPF y en la Oficina Anticorrupción, en una investigación por la presunta compra irregular de gas a Chile.
Fuentes judiciales confirmaron a NA que se trató de un operativo bajo la figura de la orden de presentación de documentos y si bien al principio hubo “cierta reticencia” a entregar la información, luego de la advertencia sobre eventuales allanamientos, los responsables de las oficinas se comprometieron a otorgar los datos pedidos.
Efectivos de la Policía Federal se presentaron en oficinas del ministerio de Energía, la Oficina Anticorrupción -que conduce Laura Alonso- y dependencias de la petrolera administrada por el Estado, YPF SA.
Recordemos que la semana pasada, el fiscal federal Carlos Stornelli había imputado a Aranguren, a raíz del aumento de tarifas de gas sin haberse realizado audiencia pública previa, y por ser uno de los “beneficiados” de esa medida a raíz de que figura como accionista de la petrolera Shell, de la cual fue presidente hasta el año pasado.
Por ello, el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, ordenó que se requiera toda la información obstante tanto en el Ministerio de Energía (Paseo Colón 181) y en la torre de YPF en Puerto Madero.
Aranguren fue imputado hace seis días por el fiscal Stornelli en el marco de una denuncia presentada por dos diputados del Frente para la Victoria que lo acusaron de haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas "al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell".
El fiscal también imputó al subsecretario de Refinación y Comercialización de la secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Pablo Popik, y al secretario de Recursos Hidrocarburífero, José Luis Sureda; según consta en el texto del requerimiento de instrucción.
En el texto, el representante del Ministerio Público recordó que Aranguren fue denunciado por la presunta comisión del delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.
La denuncia había sido presentada hace un más de mes por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade quienes sostuvieron que "el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina" impactaría positivamente en el patrimonio del ministro porque "es titular de más de 13 millones de pesos en acciones de la empresa" Shell S.A.
Los diputados del Frente para la Victoria lo acusan de beneficiarse -debido a su doble rol de funcionario público y accionista de Shell- con los aumentos de tarifas de gas así como por la compra de gas a Chile sin licitación pública y con supuestos sobreprecios.
En la denuncia se recuerda que Aranguren ingresó en 1979 a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., empresa que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), y en la cual llegó a ocupar el cargo de presidente entre 2003 y junio de 2015. Los legisladores afirman que debido a esa situación el ministro incurriría en las incompatibilidades previstas en el artículo 13 de la ley de Etica Pública 25.188, que establece que quien se encuentre alcanzado por alguna incompatibilidad debe renunciar a su cargo o abstenerse de tomar intervención “en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
“Claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar un conflicto de intereses”, remarca la denuncia (ver notas relacionadas).