Casi un mes después de haber procesado a Julio De Vido en la causa por la tragedia de Once y embargarlo por $600 millones, y luego de que el ex ministro asegurara no poseer bienes por ese monto, el juez Claudio Bonadio ordenó embargarle su sueldo como diputado.
Había sido la Oficina Anticorrupción (OA), una vez aceptada como querellante en la causa, la que propuso embargarle el sueldo que recibe como diputado.
La petición del organismo que dirige Laura Alonso requería a la Dirección de Administración de la Cámara baja que "informe si percibe sus haberes ante ese organismo y, en caso afirmativo, proceda a trabar embargo sobre los mimos hasta cubrir la suma". Ahora, fuentes de la OA confirmaron al portal Infobae que el juez accedió a ese pedido.
El magistrado ordenó además rastrear los bienes que pertenezcan al ex ministro para afectarlos al embargo. Para ello, se enviarán oficios a los registros de la propiedad inmueble de todas las provincias, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y a todos los organismos vinculados a bienes registrables.
Además, dictó la inhibición general de bienes a su respecto y pidió al Banco Central bloquear sus cuentas bancarias, de modo que el ex ministro no podrá disponer libremente de ellas.
Al ordenar su procesamiento, Bonadio consideró que "la inacción de De Vido" posibilitó el choque de la formación del tren Sarmiento que causó 51 muertes. Disconforme con la decisión, el legislador pidió luego que se aparte al juez de la causa, pero tal requerimiento fue rechazado por la Cámara Federal (ver notas relacionadas).
De Vido había sido excluido del juicio oral que condenó a los exsecretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Pero el Tribunal Oral ordenó investigar al exministro que ejerció esa función durante los 12 años de gobierno K.
Bonadio procesó a De Vido como "coautor" de"descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas" y como "partícipe necesario" del delito de "defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta".