Según informó Petrobras Argentina, concretó la venta de sus activos en Argentina ,propiedad principalmente de Petroleo Brasileiro SA, (yacimientos petrolíferos y de gas, represas, cientos de estaciones de servicio, etc) a Pampa Energía, por un total de US$ 892 millones, y también el pasado viernes 20/05, Pampa Energía comunicó que en el marco de ese acuerdo hizo una oferta pública de canje de acciones sujeta al cierre de la transacción comunicada al mercado como “hecho relevante” los días 12/05 y 13/05.
Empero sólo ahora trascendió que puede complicar la operación una acción de clase iniciada ante la justicia local por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, en representación de inversores no profesionales que habían comprado en la Bolsa de Comercio de Bs.As. acciones de Petrobras antes del escándalo pero luego el precio se derrumbó por el escándalo “Petrolao” o “Lava Jato” por todos conocido. En EE UU, Europa y Brasil hay demandas semejantes.
Esa asociación viene desplegando desde que se conoció a mediados del año pasado la comentada intención de venta de activos, ingentes esfuerzos ante la Justicia y la Comisión Nacional de Valores para impedir esa venta porque dice que eso haría desaparecer el patrimonio local de Petrobras Brasileiro , perjudicando el cobro de la indemnización que están pidiendo judicialmente pues le atribuyen a ese reclamo una gran chance de éxito judicial .
El perjuicio sería de aproximadamente US$ 1.000 millones porque involucra a decenas de miles de ahorristas c/u por montos no muy grandes, pues la acción de Petrobras llegó a ser , junto a las de YPF, las de mayor volumen de comercialización en el mercado de capitales argentino, hasta septiembre 2014.
También inició una denuncia por el mismo motivo, y por su lado, el 25/04/2016, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), acusando a Petrobras que dicha venta infringe el artículo 309 del Código Penal , expediente que está hoy en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°3, Secretaría n°6.
Como se ve, el reclamo de la citada asociación civil y la causa penal pueden generar consecuencias respecto a la convalidación final de la venta por parte de los organismos de contralor.