La despenalización del aborto volvería al Congreso de la Nación este año, aunque difícilmente el tema avance -como el año pasado-, por el calendario electoral y la polémica que genera el tema. A pesar de que los diputados ‘verdes’ ya adelantaron que volverán a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) –como ocurre todos los años- e intentarán darle impulso al debate, al no haber cambios en la composición del parlamento no hay chances de que se sancione.
Mientras tanto, la puja entre los sectores a favor y en contra del aborto se trasladó a cada provincia en torno a la aplicación de los protocolos de realización del aborto legal que permite el Código Penal y el antecedente jurídico del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que aclara los casos de interrupción del embarazo acorde con la ley.
En Córdoba, la ONG católica Portal de Belén presentó un recurso extraordinario federal para llevar a la Corte Suprema la aplicación de la Guía de Procedimientos para la Atención de Aborto No Punible, suspendida en los hospitales provinciales pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la declaró constitucional el pasado 18 de diciembre.
Ocurre que el miércoles último, la ONG presentó el recurso y volvió a trabar la aplicación de la Guía, como había hecho antes.
Si el TSJ acepta el recurso, será la CSJN la que defina la cuestión.
El 18 de diciembre pasado, después de casi siete años de trámite judicial, el Tribunal Superior de Justicia había considerado por mayoría que la guía es constitucional. Apenas 24 horas antes de que venciera el plazo de apelación, Portal de Belén solicitó que intervenga la Corte Suprema, informó el diario La Voz.
Para Católicas por el Derecho a Decidir, que impulsan la aplicación de la guía, ir a la Corte Suprema es un contrasentido: “No hay razones para conceder el recurso. ¿Por qué? Porque tanto la sentencia del TSJ como la guía responden a los lineamientos ya dados por la Corte en 2012 en un fallo específico sobre aborto no punible. Por eso, volver a la Corte es absurdo”, dice Eugenia Montes, letrada de la ONG en el expediente.
Para Portal de Belén, en cambio, el TSJ sólo debe valorar los aspectos formales del recurso de apelación: “El TSJ no puede resolver sobre el fondo porque ya se expidió; así que debe dejarle ese rol a la Corte Suprema, que debe expedirse respecto de la violación del derecho a la vida”, dijo Amelia Moscoso, letrada de Portal de Belén.
En 2012, la Corte interpretó el artículo 86 del Código Penal y sentenció que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo.
Hasta 2012 siempre existió el debate sobre si el aborto era legal sólo en el caso de que la mujer violada sea “idiota o demente”. La Corte terminó con esa discusión y le ordenó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios para llevar a cabo los abortos legales.
Desde entonces, diez provincias adhirieron al protocolo nacional en casos de aborto, hay 6 estados provinciales que hicieron sus propios protocolos, cuatro no se adhirieron pero utilizan la regulación nacional y las cuatro restantes no tienen protocolo ni adhieren al nacional. Es decir, hay cuatro provincias argentinas que no tienen ninguna clase de guía para permitir que las mujeres se realicen el aborto legal.
Córdoba es una de las provincias que eligió redactar su propio protocolo, pero su aplicación quedó suspendida parcialmente por una orden judicial de los sectores antiabortistas.