Cristina Fernández sumó este miércoles una nueva citación a indagatoria a partir de un tramo del caso de los cuadernos de Oscar Centeno, que revelaron una extensa trama de corrupción durante los gobiernos kirchnerista.
En la causa original, la exPresidente ya se encuentra procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudó coimas para la concesión de obras públicas a privados. Muchos empresarios también fueron procesados e, incluso, varios de ellos se encuentran detenidos.
En esta ocasión, la senadora nacional fue citada por el tramo de la causa madre que tiene que ver con la cartelización de la obra pública. Además de la exPresidente, fueron citados otros exfuncionario, y empresarios, entre ellos, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. En total son 101 los citados por el juez federal Claudio Bonadio.
La decisión de Bonadio está fundada en una lista aportada por Ernesto Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que entregó esos datos cuando se presentó como arrepentido. Clarens había apuntado sobre un grupo de empresarios como quienes pagaban habitualmente sobornos para quedarse con contratos de obra pública que administraba el Ministerio de Planificación Federal que manejaba Julio De Vido
Además de Cristina Fernández y Calcaterra, entre los citados se encuentran los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Juan Chediack, el financista Clarens y otros ex funcionarios de los gobiernos de CFK y de Néstor Kirchner, como Julio De Vido y Roberto Baratta, según informaron fuentes judiciales.
La exPresidente fue citada para el 25/02 (el día del cumpleaños de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner). Un día después deberá volver a los tribunales federales porque está fijado el inicio del debate por el juicio de la obra pública –más allá de los pedidos de suspensión-.
Más allá de lo que se detectó en el sistema de recaudación que funcionaba en el Ministerio de Planificación, Bonadio entendió que había una nueva causa, anexa, que había que investigar y pidió informes quiénes eran las autoridades de 71 empresas que hicieron negocios con obra pública durante los años 2003 a 2015, es decir mientras gobernó el kirchnerismo. En enero también hubo pedidos de informes, con ordenes de presentación, a todas las empresas sospechadas.