El administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, inició a la legisladora una demanda civil por "daños y perjuicios". Elisa Carrió quiso ampararse en los fueros parlamentarios para no tener que afrontarla, pero la Sala B de la Cámara Comercial rechazó su pedido.
El motivo de la demanda radica en las acusación por parte de la diputada contra el administrador del máximo tribunal de un delito que fue descartado en sede penal. Además, también se incluirá en la demanda al funcionario de la Jefatura de Gabinete Fernando Sánchez, quien compartió con la diputada la denuncia penal contra Marchi.
Fue en 2016 cuando Carrió y Sánchez denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi. Finalmente, el juez Sergio Torres resolvió la "inexistencia de delito".
A partir de esa denuncia, Marchi contraatacó: Dijo que su "buen nombre y honor" fueron afectados y demandó civilmente a los denunciantes, pero Carrió se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.
"Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos, exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano", indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo del 11 de diciembre.
Parrilli agregó: "La inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen".