El juez Julián Ercolini decidió ponerle fin al estancamiento de la causa Hotesur, tal vez la que más preocupa a la expresidente Cristina Fernández. Tras hacerse cargo de la causa que instruyeron con distinta celeridad Claudio Bonadio (apartado) y Daniel Rafecas (incompetente), Ercolini ordenó una megapericia contable sobre los papales de la empresa hotelera de la familia Kirchner.
Como nueva medida de prueba el magistrado dispuso este lunes "individualizar" a los "accionistas y autoridades" de las sociedades hoteleras Hotesur y Los Sauces.
De acuerdo a fuentes judiciales, la resolución también mandó a investigar "la participación accionaria" de cada uno de los propietarios así como "el modo en que adquirieron la misma", y la forma en que llevaron "sus libros contables y demás registros a los que se encontrara obligada".
La denominada causa Hotesur investiga por lavado de dinero a la expresidenta y su familia.
También ordenó que los fiscales Gerardo Pollicita (que intervenía en la causa de la presunta asociación ilícita) y Carlos Stornelli (Hotesur) creen una comisión para avanzar con el proceso.
El caso Hotesur, denunciado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer (ahora incorporó una denuncia contra Cristina Fernández por cohecho), fue impulsado e instruido por Claudio Bonadio hasta que a mediados de 2015 el juez hizo allanamientos en Río Gallegos -en oficinas del hoy diputado Máximo Kirchner- y la Sala I de Cámara Federal resolvió hacer lugar a un planteo por temor de parcialidad de la titular de Hotesur, Romina Mercado, sobrina de la entonces Presidenta.
En ese momento, por sorteo, el expediente recayó en el juez Daniel Rafecas, quien tuvo en sus manos la causa, con la documentación del sur secuestrada, pero el 24/02 pasado decidió dividirla en 3 hechos: irregularidades en la Inspección General de Justicia, la contratación de Aerolíneas Argentinas para que los empleados se alojaran en el hotel presidencial entre 2007 y 2015 y la parte gruesa del presunto lavado de dinero.
Tras esa división, Rafecas decidió quedarse con los dos primeros hechos y derivó el tema de lavado a Ercolini, quien desde 2008 analiza una denuncia de la diputada Carrió y otros legisladores de la Coalición Cívica, acusando la existencia de una banda encabezada por Néstor y Cristina Kirchner e integrada por funcionarios y amigos -entre ellos los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López- para quedarse con dinero estatal a través de la obra pública y otros negocios vinculados al Estado.