Se siguen sumando graves irregularidades alrededor del juez Rodolfo Canicoba Corral que el Consejo de la Magistratura no parece apurado en dilucidar. Ese organismo lo tiene bajo investigación por enriquecimiento ilícito junto con su esposa Viviana Tejada. A su vez, el hermano de Viviana y cuñado de Canicoba, Sergio Ramiro Tejada quedó como interventor de la obra social del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que el magistrado intervino hasta fines de 2017 en una muy cuestionada gestión. Tejada maneja unos $600 millones anuales pero los problemas no terminan con el vinculo familiar entre el juez y el interventor –los marítimos dicen que hay más familiares y amigos de Canicoba nombrados allí- según la denuncia de los trabajadores del gremio, se contrataron a empresas vinculadas a la ‘mafia de los medicamentos’.
La ‘juventud marítima del SOMU’ en su portal oficial denunció la intervención en la Obra Social de los trabajadores marítimos que “lleva 31 meses”.
“Al frente de la Obra Social, por decisión judicial, quedaron Sergio Ramiro Tejada y Mario Garrido. Tejada es nada menos que el cuñado de Canicoba Corral y se aferra a una caja, de 600 millones de pesos anuales”, explica la web y continúa así relatando los hechos:
Una de las primeras decisiones de los interventores de la OSPM fue la de cortar todos los servicios y dar de baja contratos, por lo que se dejó sin prestación a muchos afiliados que realizan tratamientos crónicos, que tuvieron que volver a iniciar los trámites de alta complejidad.
Se trata de un conflicto que pone en peligro la salud de numerosos afiliados de una entidad que atiende a 23.599 personas.
Los interventores realizaron nuevos contratos con otras prestadoras medicas. Tejada y Garrido resolvieron que dos firmas que tienen un pasado oscuro sean las elegidas. Ambas están involucradas en la denominada “Mafia de los medicamentos”.
Se trata de Farmanexus de Proyecta Milenium S.A. e Iter Medicina S.A. como nuevas prestatarias que se encuentran involucrada en la famosa causa de estafa a las obras sociales gremiales, que rozó a varios popes en el pasado cercano y que determinó la prisión de Juan José Zanola.
El modus operandi de la mafia de los medicamentos se basó en un sistema complejo de falsificación de troqueles de medicamentos, que nunca se entregaron pero se facturaron por cifras multimillonarias, vaciando las arcas de las instituciones.
Farmanexus participó de quiebras de obras sociales, por ejemplo las Obras Sociales del gremio de los Plásticos y de los Ferroviarios.
Además, las prestadoras beneficiadas con la intervención político-judicial, fueron acusadas en un informe elaborado por la Coalición Cívica (parte de la alianza gobernante Cambiemos), en el que las firmas prestatarias son señaladas por irregularidades y manejo de fondos sospechosos por aportes de campañas políticas en 2007, entre algunas prestatarias figura con las mayores “donaciones” Iter Medicina S.A. con 310 mil pesos.
La denominada mafia de los medicamentos paralelamente estuvo relacionada con el trafico de efedrina que salpico a varias droguerías, caso que se destapo luego del triple crimen de General Rodríguez de los tres empresarios farmacéuticos.
Cabe recordar que la semana pasada el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOC 4) dispuso que el extitular del SOMU, Omar "Caballo" Suárez, deberá cumplir prisión preventiva durante un año más, a la espera del juicio oral que podría comenzar en los primeros meses de 2019.
Ante la inminencia del proceso, trascendió que el ‘Caballo’ estaría negociando convertirse en arrepentido.
Suárez aportaría información en la Justicia de todas las operaciones que el sindicato realizó especialmente a partir de 2004 y hasta el fin del gobierno de Cristina Kirchner. Al menos seis empresarios serían sindicados como partícipes de distintas maniobras.
Por su parte, desde agosto transita en el Consejo de la Magistratura la investigación por el patrimonio de Canicoba Corral y su esposa. Se pidieron declaraciones juradas, tarjetas de crédito, bienes inmuebles y automóviles de la pareja.
El juez quedó bajo sospecha en los últimos meses después de que varias publicaciones periodísticas revelaran el crecimiento de los bienes y de los negocios de su esposa con amigos del magistrado.
La denuncia contra Canicoba Corral está basada en un artículo publicado por el diario La Nación que reveló que el juez y Tejada son dueños de por lo menos tres propiedades por US$2 millones: un semipiso en la zona más exclusiva de Palermo, una casona en Vicente López y un terreno en Uruguay. Los inmuebles aparecen casi completamente a nombre de la esposa, una empleada del Poder Judicial que trabajó con el magistrado en Comodoro Py y luego montó su propio estudio jurídico.