Por pedido de la Cámara Federal, el juez Sebastián Casanello citó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a prestar declaración indagatoria para el 18 de septiembre en la causa de lavado en la que está preso Lázaro Báez.
La decisión fue adoptada luego de que la Cámara Federal -con el voto de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens-, le ordenó al juez indagar a Cristina en la causa conocida como “ruta del dinero” que ya fue elevada a juicio.
Casanello, a cargo de la investigación del caso, había rechazado en varias oportunidades indagar a la ex mandataria al sostener que no había pruebas para hacerlo y que se corría el riesgo de una doble imputación porque podría superponerse la acusación de otras causas.
La Sala II, por mayoría de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, (Leopoldo Bruglia votó en disidencia) decidió hacer lugar parcialmente al recurso de la Unidad de Información Financiera y dispuso que se convoque a prestar declaración indagatoria a la ex mandataria efectos que les sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas.
En disidencia votó el juez Bruglia, quien entendió la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.
Ahora Casanello no se refirió al grado de sospecha sobre la conducta imputada a la ex presidente exigido por el Código Procesal Penal y se limitó a transcribir algunos párrafos del fallo de la Cámara Federal que le ordenó que convoque a la actual senadora.
En ese fallo, el camarista Martín Irurzun sostuvo: "Para expresarlo de manera clara y sencilla, en todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández".
El juez Casanelllo le pidió a la Cancillería que arbitre los medios necesarios para incorporar a la causa -a la mayor brevedad posible- las actas de las declaraciones testimoniales que prestaron en Estados Unidos abogados del estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en febrero de este año. Esa firma representó a la Argentina en el litigio que mantuvo con los fondos buitres durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esos acreedores habían iniciado un proceso en la Justicia de los Estados Unidos con el fin de encontrar sociedades comerciales y cuentas vinculadas con el kirchnerismo en aquel país para embargarlas y cobrar la deuda.
La información sobre esa causa era enviada por el bufete estadounidense a la Argentina y quedó en la Procuración del Tesoro, en ese momento a cargo de Angelina Abbona, y se incorporó al expediente de la ruta del dinero K recién con el cambio de gobierno.