El abogado Carlos Beraldi presentó un escrito ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para solicitar la intervención del organismo en la causa N° 9.608/2018, caratulada “Fernandez Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita” del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Claudio Bonadio.
El objetivo del letrado es que dos veedores comiencen a estudiar la causa y estén presentes en los procedimientos claves como allanamientos y presentaciones ante el juez.
Así lo confirmó el propio ex presidente del organismo Jorge Rizzo: "Beraldi presentó un escrito en mesa de entrada pidiendo la intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El objetivo de los veedores, en principio, será chequear para que no haya irregularidades en el expediente. Es una suerte de 'mirá que te estoy mirando', al juez".
En diálogo a radio 10, reconoció que aún "no tenemos conocimiento de manera acabada porque todavía no tenemos el acta para comprobar formalmente lo que Beraldi denuncia (que no lo dejaron ingresar al allanamiento en Recoleta)".
Según Beraldi, Bonadio ordenó a las fuerzas policiales que se le impidiera participar del allanamiento en el departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta, violando los artículos 200 y 228 del Código Procesal Penal.
A entender de Rizzo, la solicitud de Beraldi"es muy importante porque, además, nombramos directamente al secretario Martín Aguirre y prosecretario Marcos Alí del organismo. El colegio está interesado en que esta causa sea llevada dentro del marco de la ley sin caer en abusos.
Ahora hay que estudiar la causa para poder determinar a ciencia cierta lo que nos parece a todos: que ha habido forum shopping y si se comprueba el abuso que habría cometido Bonadio".
Recordemos que el magistrado confirmó que la causa se inicia a raíz de la información aportada en el marco de la causa nº 10.456/2014 por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido).