La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará esta mañana (lunes 13/08) en Comodoro Py.
Frente al juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli, ella entregará un escrito y no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados por enemistad manifiesta.
En el texto, CFK volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita.
Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, no lo saluda“ni por escrito”, anticipó el diario K Página/12.
Esto hace pensar que en unos 10 días Bonadio dictará los procesamientos –siempre que llama a indagatoria, procesa– y todo indica que volverá a pedir la detención de CFK en esta causa.
Recusación
En tanto, el integrante de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, recusará con un extenso escrito al juez Claudio Bonadio.
Fernández fue involucrado en la megacausa anticorrupción por el exjuez Norberto Oyarbide, quien lo señaló como uno de los enviados por el matrimonio presidencial para pedirle que se "apurara" para definir la causa de enriquecimiento ilícito que manejaba su juzgado.
"Es una venganza contra mi defendido", afirma Domingo Montanaro, representante legal de Javier Fernández, antes de enumerar una serie de hechos públicos y desconocidos en los que involucra no solo a Bonadio, sino a otros magistrados.
Montanaro reclama además que"se admita la recusación del diario La Nación como auxiliar de inteligencia paralelo del Juzgado, prohibiéndosele toda actuación oficial, oficiosa o particular relacionada con la presente causa, que exceda sus funciones periodísticas informativas propias de su alto ministerio en el ámbito privado".
En su argumentación citó columnas de periodistas de diversos medios que hablan de una amistad entre Oyarbide y Bonadio, y una "enemistad manifiesta" entre su defendido, Javier Fernández y el juez que lo citó a declarar. Le otorga credibilidad a dichos de Jorge Asís por televisión y cita, inclusive, al polémico Baby Etchecopar.
Pescarmona
Se espera la presentación espontánea de Enrique Pescarmona, quién fue dueño y CEO histórico de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) y que en 2017 debió entregar la mayoría accionaria de la empresa; perdiendo, a nombre de toda su familia el control de la compañía.
Pescarmona culpó de su caída a sus fallidos negocios en Venezuela bolivariana y el haber sido desplazado de las centrales Cepernic- Kirchner, en Santa Cruz.
Si bien Pescarmona fue uno de los primeros que decidió acercarse a Néstor Kirchner, y la buena relación tuvo un hito en 2006, cuando Pescarmona fue elegido presidente del Coloquio de Idea, foro empresario que intentaba tender un puente con el entonces Presidente de la Nación, y en 2008, IMPSA logró imponerse a compañías como General Electric, Alstomy Siemens de Alemania para la construcción y provisión de turbinas y generadores para la represa de Tocoma, en Puerto Ordaz, Venezuela; todo cayó. E
IMPSA era subcontratista de Odebrecht, que había vencido en la licitación y que por presión del gobierno venezolano había incorporado a los mendocinos.
Por la caída del precio del petróleo y la crisis del gobierno bolivariano, los pagos comenzaron a retrasarse hasta suspenderse. En 2014 se declaró en default declarando una deuda de US$ 1.400 millones.
La obra fue entregada en junio de 2013 a Electroingeniería en sociedad con la china Gezhouba. Segundo quedó el grupo Helport (grupo Eurnekian), Panedile, Isolux, Eleprint, Hidroeléctrica Ameghino y los proveedores rusos Inter Rao y Power Machine y terceros el consorcio de Sinohydro, Austral Construcciones (del empresario K Lázaro Báez), Iecsa, Esuco y Chediack.
La oferta del grupo Pescarmona-Odebebrecht-Alstom, quedó desestimada por no contar con financiamiento.
El nuevo directorio de IMPSA tiene a Fabián D´Aiello, Diego Grau y Francisco Rubén Valenti, citado en los Cuadernos del chofer Oscar Centeno, y detenido al estallar la crisis por orden del juez Claudio Bonadio K.
Cartellone
El empresario arrepentido Carlos Wagner habría mencionado en su declaración a la constructora José Cartellone, una firma que fue adjudicataria días atrás de la construcción de autopistas y rutas seguras bajo la modalidad Participación Pública Privada (PPP).
De acuerdo al diario Clarín, José Cartellone Construcciones Civiles, presentó una oferta de US$ 801 millones y se quedó con el llamado Corredor C, de 3 segmentos viales por un total de 778,39 kilómetros, va desde el empalme de la ruta nacional 7 con el Acceso Oeste en Luján, hasta el límite entre las provincias de Córdoba y Mendoza (590,74 kilómetros). Se saltea la provincia de San Luis y retoma la concesión en el límite entre San Luis y Mendoza hasta la ciudad de Palmira (146,82 kilómetros) y desde Luján de Cuyo (empalme ruta nacional 40) hasta la localidad de Potrerillos, empalme ruta provincial 89 (40,83 kilómetros.
Mencionadas por Wagner en su confesión ante la Justicia, Vial Agro -otra empresa que ganó una adjudicación bajo la modalidad PPP- y Cartellone serán citados para dar su versión de los hechos en esta mega investigación.