En la actualidad se tramitan 3 causas distintas por los falsos donantes a la campaña electoral de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires:
> una investigación ocurre en el marco de la justicia penal con competencia electoral de La Plata, en el Juzgado N° 2 del juez Adolfo Gabino Ziulu y con participación del fiscal Jorge Di Lello;
> las otras 2 se canalizan por el fuero penal federal, con intervenciones de los jueces Sebastián Casanello y el platense Ernesto Kreplak.
Casanello tiene a su cargo la denuncia presentada por la ONG La Alameda.
El titular del juzgado platense N° 3, Ernesto Kreplak, abrió un expediente con decenas de denuncias de personas que figuran como aportantes de Cambiemos, pero que juran que nunca entregaron dinero.
El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello, ya giró la información al juzgado electoral de La Plata, que subroga Adolfo Ziulu. El fiscal que debía investigar allí la maniobra de Cambiemos era Hernán Schapiro pero fue desplazado por el procurador general interino Eduardo Casal.
Di Lello había probado, a través de una consulta a la Cámara Electoral, que de 100 nombres de personas beneficiarias de planes sociales consultadas, el 99% figuraban además como afiliados al PRO, algo que las personas involucradas desconocieron.
Kreplak tramita una causa en la que investiga posibles delitos derivados de aportes truchos a la campaña legislativa 2017 en la provincia de Buenos Aires, en base a una denuncia de la senadora María Teresa García (Unidad Ciudana-Frente para la Victoria). También tiene en su poder otra que apunta a la campaña de 2015, abierta a partir de una denuncia de la diputada Florencia Saintout (UC-FpV-PJ).
La mayoría de los denunciantes son habitantes de barrios humildes del conurbano, que viven de los planes sociales y las changas. Pero en los registros oficiales de la justicia electoral aparecen con donaciones de hasta $ 2.800 cada uno.
Días atrás Kreplak requirió a la ANSeS, que gestiona Emilio Basavilbaso, un detallado informe con la identidad de los beneficiarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro de los recientes 5 años.
El magistrado pretende corroborar si el oficialismo utilizó ilegalmente esas bases de datos con fines electorales.
A causa de que el organismo previsional no ofreció respuesta, el juez tomó 30 casos testigos para enfocar la pesquisa y tratar de llegar a alguna conclusión.
Sobre esas 30 personas le reclamó información clave a la cartera social de Carolina Stanley, al organismo recaudador de Leandro Cuccioli y a la propia Cámara Nacional Electoral, encargada de auditar los fondos que declaran los partidos políticos para la campaña. Di Lello ya envió a La Plata su informe preliminar con importantes datos sobre la maniobra.
"Que se aclare, no hay nada para ocultar. En esta causa di la cara y la voy a seguir dando", sostuvo la gobernadora María Eugenia Vidal en una entrevista ofrecida al canal TN (Grupo Clarín).
Kreplak aún espera que el PRO le entregue la información que solicitó por primera a fines de julio. Ni el partido ni la cartera de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Stanley, ni el organismo previsional, dirigido por Emilio Basavilbaso, le respondieron.