El Gobierno apeló la decisión de la jueza federal de la seguridad social Ana María Rojas, que impuso un plazo de 20 días a la ANSeS para que resuelva el reclamo iniciado por Amado Boudou para cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación.
Cabe destacar que la jueza Rojas hizo lugar a un amparo presentado por Boudou y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que se expida al respecto "en el plazo de veinte días de notificado, bajo apercibimiento" de ser denunciados penalmente por incumplimiento.
Ahora, el Estado Nacional apeló esta orden.
Según informa Clarín, el reclamo del Gobierno se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, dilatando los tiempos para que se decida si Boudou podrá percibir su pensión o no. La decisión guarda relación con un reclamo de la Oficina Anticorrupción (OA), a la que la ANSeS le pidió que intervenga y analice si corresponde que dicho beneficio sea otorgado al ex vice de Cristina Fernández.
Como ex vicepresidente, Boudou reclama las 3/4 parte de un sueldo de un ministro de la Corte que gana, en promedio, unos 240 mil pesos por mes, tal cual lo contempla la ley 24.018. Serían unos $180 mil.
El ex vicepresidente inició el 10 de diciembre de 2015 los trámites para comenzar a cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación, pero el expediente terminó judicializado.
Con una apelación por parte del Ministerio de Desarrollo Social -que para aquel entonces tenía a cargo este tipo de pensiones- tuvo que expedirse la Justicia. El otorgamiento de pensiones quedó después bajo la órbita de la ANSeS y la jueza federal de la Seguridad Social, Ana María Rojas, pidió explicaciones sobre el retraso. Días atrás hizo lugar al amparo por mora que presentó Guido Quieto, el abogado de Boudou, y exigió que en 20 días el Gobierno resuelva la situación, sino podría ser denunciado por incumplimiento.
Pero la ANSeS había solicitado un plazo de 10 días para contestar y, una vez vencido, volvió a excusarse al señalar que estaba "esperando una respuesta" del área técnica del organismo.
Tiempo después, el 19 de junio, la jueza intimó al organismo a que tomara una decisión dentro del plazo de 20 días, bajo apercibimiento de notificar al Poder Ejecutivo Nacional para que se apliquen sanciones y se dé intervención a la justicia penal. "Uno de los principios que integran el debido proceso consiste en que, tratándose de actuaciones administrativas, se cumplan sin dilaciones injustificadas", indicó la magistrada en su fallo.
"En atención a la fecha de presentación del reclamo administrativo, quedó demostrado que transcurrió un plazo que excede de lo razonable para que la autoridad administrativa dicte el acto correspondiente" puesto que está "en mora con lo dispuesto por la normativa aplicable", planteó Rojas.
La Oficina Anticorrupción (OA), liderada por Laura Alonso, pone en duda el derecho de Boudou a cobrar “ante la inminencia de una posible condena en el juicio por Ciccone, antes de la feria judicial”. Esta sentencia se conocerá el 7 de agosto.