La joven de 19 años fue condenada a prisión perpetua hace una semana. Unos días después de que la sentencia fue definida, comenzó a circular vía WhatsApp un video íntimo que estaba en el poder de la Justicia. Nahir sabía que la posibilidad de que se filtrara era real, y por eso "amenazó" con suicidarse si eso sucedía, ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa.
Las imágenes estaban en manos de la querella y servían como evidencia que demostraba que entre los involucrados existía un vínculo amoroso. El juez resolvió que vería el video en privado, para proteger la intimidad de ambos jóvenes. También dijeron que la viralización del archivo era imposible. Sin embargo, alguien logró sacarlo del poder de la Justicia y filtrarlo, haciendo posible que miles de personas tengan acceso al mismo.
Lo que sucedió con Nahir Galarza reveló una falla en el sistema judicial: las garantías no son respetadas en su totalidad y el secreto de sumario, que en este caso protegía el video íntimo, es violado.
En la misma provincia donde se desarrolló el proceso contra Nahir Galarza, Entre Ríos, hubo una denuncia por la violación del secreto de sumario en otro caso de conocimiento público. Se trata de la causa en la cual el intendente de Paraná, Sergio Varisco, se encuentra en este momento procesado.
En mayo de este año, los abogados del intendente denunciaron la divulgación de información en el expediente que lleva adelante el juez Leandro Ríos. Según los defensores de Varisco, hubo datos del expediente que fueron divulgados por la prensa antes de que los propios imputados tuvieran conocimiento sobre los mismos.
En Argentina, se generó un debate alrededor de la figura del "testigo arrepentido", que se refiere a un criminal que se autoincrimina y decide colaborar con la Justicia con información sobre otros integrantes investigados a cambio de una reducción de pena. En teoría, se trata de un mecanismo que permitiría avanzar con algunas investigaciones. Sin embargo, la Justicia debe ser efectiva a la hora de proteger al testigo, y eso no siempre se logra.
Cuando un criminal se somete al Programa de Protección de Testigos, debe aceptar ciertas condiciones y la Justicia debe darle algunas garantías. Todas las medidas que se toman tienden a que el testigo no sea ubicado, ya que corre el peligro de que los otros criminales involucrados busquen "hacerlo callar".
El año pasado, la desaparición de Santiago Maldonado generó opiniones contrapuestas en todo el país. El joven desapareció en agosto, luego de un operativo de gendarmería en el marco del conflicto con la comunidad mapuche. En octubre, su cuerpo Maldonado fue hallado en un río, cerca del punto donde se denunció su desaparición.
En relación al caso Maldonado, hubo un testigo que fue "desprotegido". Se trata de Ariel Garzi, quien denunció que alguien lo atendió durante 22 segundos en el celular de Santiago Maldonado luego de su desaparición. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su nombre completo en el Senado y ante la prensa, junto con algunas citas extraídas de su declaración.
Posteriormente, el testigo contó que, por ser clave para el caso, pasó a la categoría de "protegido". O sea que, por disposición del juez Guido Otranto, su identidad debía permanecer en secreto.
Luego de que la funcionaria revelara su identidad, se publicó un video en el que Garzi se expresa: "El juez me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad", dice el testigo en el video, "yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando y desde que me dejaron al descubierto no me queda otra que hacerme público para tratar de garantizar mi seguridad".
Ahora se trata de la intimidad de una joven de 19 años, pero no es la primera vez que se viola el secreto de sumario. Este es un problema que pone en riesgo a la efectividad del sistema judicial: ¿cómo puede funcionar correctamente un programa como el de testigos protegidos si no es posible proteger los secretos?