El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) expresó su "más profunda preocupación ante la verificación de casos de Tuberculosis en el marco del Poder Judicial de la Nación y máxime ante rumores de que los mismos serían producto de contagio proveniente de los detenidos".
En un comunicado publicado en su sitio web, el CPACF aseguró que "dicha circunstancia que pone en riesgo a los abogados, jueces, detenidos, funcionarios y personal del PJN, hace necesaria la inmediata intervención del Consejo de la Magistratura Nacional, del Sr. Ministro de Justicia, y del Servicio Penitenciario Federal, quienes, de manera conjunta con las autoridades sanitarias, deberán realizar los test a detenidos y empleados y, en su caso, proveer de manera urgente la profilaxis para prevenir la propagación de una enfermedad que se encontraba casi erradicada de la República Argentina".
Cabe destacar que el gremio de los judiciales denunció que al menos 6 funcionarios que trabajan en los Tribunales de Comodoro Py se contagiaron de tuberculosis luego de que al edificio de Retiro fueran trasladados a declarar presos enfermos.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación (UEJN), a mediados de marzo una trabajadora de Comodoro Py refirió haberse contagiado tuberculosis durante una declaración indagatoria. Dos días después, se denunció un segundo caso, en el juzgado de Instrucción N° 30.
"El relato de los trabajadores es claro: estuvieron durante cuatro horas encerrados con una persona enferma la cual al tiempo de prestar declaración indagatoria manifestó tener tuberculosis y como resultado de ese acontecimiento cuatro personas tienen el virus en su cuerpo. El gran problema es que no existe en la Cámara del Crimen un protocolo que garantice la salud ni de los detenidos ni de los funcionarios que deben estar en contacto con aquellos y que desde la Cámara la única respuesta fue 'desinfectar' la oficina y seguir adelante con el trabajo como si nada hubiera ocurrido. Tan preocupados están en la Cámara que el gremio tuvo que solicitar que se incorpore el parte del contagio a los legajos de los empleados ya que se omitió hacerlo", dice el comunicado.
El gremio que encabeza Julio Piumato cuestionó la actuación de la Cámara del Crimen porque, asegura, "cometió una serie de errores que ahora intenta tapar desesperadamente". Critican el lapso de tiempo que sucedió entre el primer y el segundo contagio y dicen que "las autoridades no procedieron ni siquiera a la desinfección del juzgado e incluso decidieron creer la teoría de algún funcionario trasnochado que sostenía que la enfermedad había sido contraída en un colectivo". Y sigue: "Igual de preocupante son los dos días que transcurrieron entre que se denuncia el segundo (...) y que la Cámara decide solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se decrete la feria en el tribunal para que los empleados puedan no estar en contacto con el virus".
Por su parte, fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) negaron a Clarín que el contagio de los funcionarios judiciales haya tenido que ver con la declaración indagatoria que les tomaron a dos detenidos. "Si se contagiaron 6 personas de Tribunales, que están frente a un interno 20 o 30 minutos, ¿cómo no se contagia un agente penitenciario que lo cuida durante 12 horas de servicio o el custodia que está dentro del móvil con ese interno en las 6 o 7 horas de ida y vuelta a Tribunales?", se preguntaron.
Según publica ámbito.com, en los Juzgados Nacionales N°30 y N°43 se registraron hechos que dispararon la alerta en el gremio de Piumato y en el Consejo de la Magistratura, al que se le solicitaron medidas de salubridad. Mientras que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deslindó responsabilidades ante el Ministerio de Justicia, reconoció a su vez, que no existe un protocolo especial para que los afectados sean llevados a dependencias judiciales, más allá de constatar si presentan síntomas visibles.
Previamente, y según dicho diario, hubo un intento de desmentida. Pero el tema quedó en evidencia cuando la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, declaró "feria" el 1 de junio pasado para esos dos juzgados que se asientan en el Palacio de Justicia, (a pedido de la Cámara) y por haber tenido que ser clausurados para desinfección ante la presencia del bacilo que transmite la tuberculosis y que obliga a un severo tratamiento, tanto de quienes la padecen, como de quienes estuvieron en contacto con la enfermedad.
A todos los empleados de esos juzgados se los sometió al test de Mantoux, que permita establecer si estuvieron en contacto con el bacilo de Koch que se transmite por vía aérea, a través de la tos, y se aloja en los pulmones.
La propia Cámara del Crimen que preside Juan Esteban Cicciaro envió a los potenciales afectados a consultar con la doctora Marcela Natiello, del Hospital especializado en enfermedades infecciosas, Francisco José Muñiz. La especialista en tuberculosis confirmó los diagnósticos.
Según la información de ámbito.com, por lo bajo varios magistrados de ese tribunal sostuvieron que el asunto no se manejó de manera adecuada y que se minimizaron las consecuencias que podría haber tenido el episodio si la enfermedad se propagaba por ausencia de controles.
Pero no sólo hay alerta por la tuberculosis. Empleados denunciaron ante el gremio que había personas que padecían sarna y hepatitis, algo que no había sido advertido en la unidad penitenciaria y de lo que recién se anoticiaron cuando llegaron a las oficinas judiciales.