La presencia de Uber en el país ha sido desde el inicio un tema polémico, primero irritó a los taxistas que han protestado en repetidas oportunidades porque el Estado haga algo para su prohibición, lo mismo que el Gobierno que admite a la empresa de transporte, sólo si cumple con las normas, entre ellas: impuestos.
Tras un fallo judicial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), les ordenó a las prestadoras de internet que bloqueen el acceso de los usuarios a la aplicación y el sitio web de viajes. Las empresas tienen que responder por estos días: varias ya confirmaron que, por cuestiones técnicas, no podrán impedir el uso de la app aunque sí clausurarían el dominio web.
Por su parte, la empresa de transporte internacional Uber salió a responder a las críticas efectuadas por Juan José Méndez, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, quien dijo que cuando se juntaba con representantes de la compañía parecía que se estaba reuniendo "con las FARC para negociar un cese al fuego".
"Uber hizo todo de manera ilegal: no pagó impuestos, no cumplió con los controles a los conductores, no operó con licencias profesionales ni vehículos habilitados. En un mercado donde los otros conductores tienen esos controles y pagan impuestos, nuestra función es decir que así no se hace. Nosotros les decíamos cómo eran las leyes en Buenos Aires. Que dentro de la ley podían elegir cualquier opción, pero fuera de ella no íbamos a permitir nada. Si cometieron un error y quieren hacer las cosas bien, tienen que cambiar la conducta", afirmó Méndez en una entrevista con la revista Brando.
La empresa, a través de George Gordon, Director Regional para América Latina, respondió a través de una declaración que "Uber en la Argentina es una oportunidad para más de 35,000 personas que dan soporte a sus familias como socio-conductores. Todos los meses, quienes manejan con Uber mueven a cientos de miles de personas en el área metropolitana: trabajadores, comerciantes, madres, estudiantes y adolescentes, todos ellos en busca de opciones seguras y confiables. Para muchos de ellos, Uber es la única opción de movilidad a su alcance. Las FARC, en cambio, son un grupo guerrillero que mantuvo aterrorizada al pueblo colombiano por décadas. Que un funcionario de la capital del país realice este tipo comparaciones es una irresponsabilidad y una falta de respeto a quienes encuentran en esta actividad una fuente de ingresos".
Por su parte, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la GSMA, que representa a las compañías de telefonía móvil en todo el mundo, expresaron su preocupación por la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obliga a los operadores móviles de Argentina a bloquear el acceso a los servicios provistos por la empresa Uber en el país, por contravenciones relacionadas con regulación local de transporte.
"El bloqueo de contenidos y servicios de internet constituye una medida extrema que tiene potenciales efectos nocivos sobre la integridad y seguridad de la red y de ningún modo constituye una solución al problema de fondo que la Sala II pretende resolver. Se trata de una medida de difícil aplicación técnica y que sitúa a las operadoras móviles en un rol que no les corresponde", indicaron en un comunicado conjunto.
Sabe la justicia sobre cómo funciona el Internet, no. Te explicamos por qué es imposible el cumplimiento:
Con este pedido de la justicia, surge la pregunta de cuáles serían los mecanismos a aplicar para ese bloqueo. “No solo basta con que un juez ordene ese bloqueo, sino que debería haber una ley que establezca cómo se realizaría. Es necesaria una discusión pública para determinar cuándo debería suceder, cuales son las condiciones, cuales son las causales y de qué forma se va a hacer”, dicen los expertos en telecomunicaciones.
Los operadores de telefonía móvil serían los encargados de este proceso pero, según Castañeda, dicha decisión además de ser ineficaz, en la medida en que no se conocen las condiciones en las que se realizaría, puede generar otros riesgos indeseados.
“Implicaría que los operadores lean todo el tráfico para ver si ingresaste a un tráfico que ellos identifican como el de Uber”, dice.
“También puede generar daños a terceros porque, por ejemplo, al bloquear una serie de direcciones IP podrías bloquear otros sitios que no tienen nada que ver con Uber. Si un sitio está alojado en el mismo rango de direcciones que el de Uber al bloquearlo se podría ver también afectado”, agrega.
Para el experto, es necesario que los tribunales de justicia entiendan cómo funciona internet teniendo en cuenta que en dichos procesos influyen varios actores y circunstancias: desde los operadores y los proveedores de contenido hasta las redes que sirven a Uber para que traigan su contenido y el tráfico que pasa por varios países.“La justicia y el estado en general se ponen en ridículo en la medida en que dan ordenes que no se pueden cumplir y que no son efectivas”,expresa.
En este sentido, cabe también el debate de si la posibilidad de un bloqueo de Uber puede llevar a que pase lo mismo con otras plataformas."Hoy se bloquea Uber porque la compañía no cumple con la legalidad pero mañana puede ser otro sitio y ahí ya hay problemas de libertad de expresión", dice.
Hasta el momento, la app de transporte sigue operando con normalidad en Argentina mientras que Uber, por su parte, aseguró que apelará la decisión.
