El fiscal Álvaro Garganta solicitó la prohibición para salir del país del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, además de la inhibición de sus bienes por un total de 180 millones de pesos.
El titular de la UFI 11 solicitó además que se tomen los mismos recaudos contra el empresario Ricardo Estanislao Miller y contra el ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.
Lo hizo en el marco de la causa que investiga la construcción de 9 Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gestión, en la que está acusado de “delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
La investigación pretende demostrar si hubo irregularidades en la adjudicación a la empresa Miller Building International SA en la construcción de los centros de atención médica.
En la misma causa, Scioli ya presentó un escrito de 50 páginas explicando por qué Miller fue beneficiado, aseguando que nunca recibió dádivas.
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Se investiga si durante la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos de la Provincia.
Según se precisa en la solicitud que elevó en las últimas horas el fiscal platense Álvaro Garganta a la magistrado platense, se pide que se deje sin efecto el uso de activos equivalentes a los $180 millones"hasta cubrir la cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas".
En su pedido, Garganta destaca que la Convención de las Naciones Unidas “estableció exprésamente que “cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto".
Además, el funcionario judicial hizo hincapié en la necesidad de que, mientras la investigación se mantenga en curso, el ex mandatario bonaerense no tenga posibilidad alguna de abandonar suelo argentino a menos que la justicia se lo permita. Además, señala que el pedido de que no dejen cruzar la fronteta a Scioli es “en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.
"Nunca he recibido dádivas de ninguna persona", aseveró el ex mandatario provincial en un escrito con el que se defendió de los cargos formulados en su contra en este expediente. En este sentido, subrayó que "todas las contrataciones" realizadas durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".
Scioli planteó que "es totalmente falsa" su supuesta "relación especial con uno de los proveedores" y consideró que Miller "accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso".
El ex mandatario provincial subrayó que "jamás" utilizó los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44 Raven-II de Miller y añadió: "Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes no me encontraba en Villa La Ñata".