Tal como lo habían anticipado el martes, los apoderados del Partido Justicialista (PJ) apelaron el fallo de la juez María Romilda Servini que dispuso la intervención del partido y designó al sindicalista Luis Barrionuevo para ejecutarla.
Con la firma de Patricia García Blanco y Eduardo López, el texto solicita que la apelación tenga efecto "suspensivo", es decir, que se mantenga el status quo previo a la sentencia de Servini hasta que la Cámara Federal la resuelva.
Si bien los recurrentes entienden que la ley establece que la apelación "se concederá al sólo efecto devolutivo" invocan la posibilidad de que la sentencia "pudiera ocasionar un perjuicio irreparable", tal como lo preve la misma legislación.
De acuerdo al documento, la intervención del PJ se produjo"sin encontrarse incurso en ninguna causal" dentro del marco jurídico y por lo que resulta "arbitraria, injustificada y a todas luces ilegítima, ocasionando un perjuicio irreparable al normal funcionamiento del partido".
Según los apoderados, el partido estaba en "funcionamiento pleno" lo que "resulta incongruente con la medida adoptada entre gallos y medianoches".
"No existe perjuicio actual para los solicitantes, ni el peligro en la demora que se pretende por estar aún lejano el proceso electoral que invoca como justificación", sostienen.
En consecuencia, reclaman que "la medida debe suspenderse hasta tanto se resuelva la apelación que aquí se plantea".
"Es un fallo político. No hay razón administrativa para intervenir el partido", dijo García Blanco tras hacer la presentación. "El partido funciona con sus órganos competentes. El fallo habla de elecciones perdidas", resaltó García Blanco. Servini tendrá ahora tres días para decidir si concede o no la apelación de Gioja.
El apoderado López sostuvo, por su parte, que el fallo de la magistrada fue hecho "a medida de los peticionantes". "Otra irregularidad es que no corrió vista al fiscal electoral (Jorge Di Lello)", sostuvo.