Iba camino a un escándalo judicial-institucional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (al menos 3 de los 5 integrantes) decidió cortar por lo sano.
Entonces, la CSJN rechazó conceder la habilitación al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) para concretar los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner:
** el del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, y
** el de la obra pública en Santa Cruz, fusionado con el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez y su círculo cercano.
Por lo tanto, en una acordada,
> Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda rechazaron darle la habilitación al Tribunal Oral Federal 9 porque, por ejemplo, sus integrantes designados no obtuvieron acuerdo del Senado para la función que el Ejecutivo Nacional pretendia que asumieran. El TOP 9 es considerado un 'tribunal M'.
> Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz creen que el TOF9 podía ser habilitado. Pero coincidieron con los otros 3 en que los sorteos de causas que ya se practicaron son nulos porque la habilitación no había sido concedida aún.
> Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda cuestiona la legislación que permite traspasar jueces de tribunales con distinta competencia porque está establecido que jueces y juezas sean designados por el Poder Ejecutivo, en base a una nueva terna vinculante del Consejo de la Magistratura, previo acuerdo del Senado.
El gobierno de Mauricio Macri ha impulsado una legislación que permite transformar tribunales criminales ordinarios en tribunales federales pese a que tienen competencias muy distintas.
Integración del TOF 9:
> Alejandro Martin Becerra
> Silvia Estela Mora
> Nocetti Achaval, Alejandro Nocetti Achával
Giménez Bauer
Hay que sortear de nuevo todo lo que iba a ir a juicio oral en el Tribunal Oral Federal 9. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asiste el Derecho Constitucional, el rol del Senado de la Nación y la competencia del llamado 'caso Nisman'.
El sorteo del tribunal que juzgará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA (la denuncia del fiscal Alberto Nisman poco antes de morir) ya era un escándalo. Esto provocó que presentara su renuncia el fiscal Carlos Giménez Bauer, quien tenía a su cargo el rol de acusador público en ese juicio.
Giménez Bauer reunció antes de saber que debía intervenir en el juicio contra la ex mandataria y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros.
Giménez Bauer planteó su renuncia casi en simultáneo a saber que el TOF 9, convertido por decisión de la gestión judicial de Cambiemos en Tribunal Oral Federal, debía juzgar también al empresario Lázaro Báez, en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública y supuesto lavado de activos.
El TOF 9 era un tribunal de competencia ordinaria. Como los tribunales orales federales son pocos, por impulso de la Administración Macri y con la venia del Consejo de la Magistratura pasó de juzgar robos comunes, hombres golpeadores, homicidios en riña y delitos de esa naturaleza, a tener competencia para determinar qué funcionarios (ex funcionarios) deben ir presos.
Hay que insistir en esto: el TOF 9 es considerado, en la interna de los ámbitos judiciales, como un “tribunal M”, y goza de una protección mediática importante.
El bolillero
La defensa de la ex jefa del Estado pidió que fuese manual el sorteo para determinar qué tribunal debía llevar adelante el juicio, en una fecha imprecisa pero probable del año electoral 2019.
Ese pedido le fue denegado.
En la Justicia Federal se dijo que algo raro había pasado cuando se sorteó el juez del fuero que debía intervenir en la investigación por la muerte de Alberto Nisman: se cayó el sistema, lo resetearon, y el elegido fue Julián Ercolini, quien a finales de 2017 y sobre la base de un dudoso peritaje de Gendarmería estableció que Nisman había sido asesinado.
Hay antecedentes: hace 8 años, antes de que fuera detenido el dirigente gremial ferroviario José Pedraza por la muerte del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, fue denunciada una supuesta maniobra para la elección de un tribunal durante la feria judicial que tenía entre sus misiones conceder las excarcelaciones de los acusados por el crimen. De esa manera, hubiera prevenido la detención de Pedraza, que se concretó poco después.
Escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación permitieron detectar que un empleado de la Cámara Federal de Casación, identificado como “el señor de las teclas”, iba a manipular el sorteo. La causa nunca avanzó, pero ya desde entonces queda claro que hay, cuanto menos, un altísimo grado de sospecha sobre cómo se sortean los tribunales.
A sabiendas de eso, la defensa de Carlos Zannini pidió poner un perito informático para controlar el sorteo, que se haría mediante el cuestionado sistema de computación. Tampoco se lo permitieron.
Finalmente se realizó el sorteo, y salió elegido el TOF 9.
Era muy polémico y todo y decidió intervenir la CSJN en salvaguarda del Poder Judicial.
Jurisprudencia
La habilitación de Tribunales es un acto formal que implica la puesta en funcionamiento institucional de un nuevo órgano jurisdiccional.
El TOF 9 fue creado por el Congreso mediante la Ley 27.307 (el Congreso puede crear tribunales inferiores a la CSJN, conforme al artículo 108 de la Constitución Nacional).
Es una atribución constitución de la CSJN -en virtud de su calidad de órgano supremo de la organización judicial argentina y cabeza del Poder Judicial-, que se ha ejercido sin interferencias desde antes y después de la reforma constitucional de 1994.
Habilitar a un tribunal es un acto formal, y no es un acto que resuelva una causa en la que se ventilen los derechos de los justiciables.
En este tipo de actos, la Corte tiene competencia para controlar y garantizar la investidura de los jueces, incluido el juicio sobre la existencia de dicha investidura.
-¿Son radicalmente diversos un TOC de un TOF?
-Sí, la Corte ha decidido en reiteradas oportunidades que los jueces ordinarios de la Capital Federal y los Jueces federales NO son equiparables (casos “Corrales”, “Nisman”, entre otros.
Son dos Tribunales institucionalmente diversos, que tienen competencias notoriamente distintas –penal federal y penal ordinaria-.
No debe confundir que ambos apliquen Derecho Penal, ya que el tipo de delitos sobre los que actúan son totalmente distintos.
Los Tribunales federales tienen competencia específica, en casos en que están en juego los intereses de la Nación. Por ejemplo, causas que investiguen delitos cometidos por funcionarios de la Nación, Narcotráfico, etc.
-¿Que exige la Constitución para un nuevo nombramiento?
-Para ser juez federal, la Constitución exige la designación del Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado –en sesión pública- (art. 99 inc. 4), previa intervención del Consejo de la Magistratura (art. 114).
Dada la relevancia del tema, y en miras a designaciones mejor logradas, se exige un acto “complejo” que demanda la intervención de varios poderes del Estado.
Mediante la intervención de dos órganos de origen político (PE y Senado) la Constitución asegura que para nombrar a un Juez sea necesario un imprescindible equilibrio político. En particular, la intervención del Senado actúa como freno sobre el posible favoritismo presidencial.
-¿Por qué es importante exigir el procedimiento constitucional de designación de magistrados en este caso?
-Porque no puede aceptarse un “traslado” de un tribunal a otro ya que son órganos jurisdiccionales diametralmente diversos.
El TOF 9 es radicalmente distinto al Tribunal Oral en lo Criminal de Capital federal que integran los tres jueces en la actualidad.
Jorge Rizzo, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se pronunció a través de su red social de Twitter después de que se conoció la noticia: "Extraordinaria la Acordada 4/18 de la Corte. Es absurdo convertir jueces ordinarios en federales como dispuso la ley 27.307. Papelón del Congreso, el Consejo de la Magistratura y la Casación.bTodo el mundo a cumplir con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. March!", escribió.