Este lunes (5/3), la Policía Federal detuvo en un hotel del centro porteño al intendente kirchnerista de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna. El juez federal Luis Rodríguez había ordenado su captura en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de esa localidad de Santa Cruz. Pérez Osuna fue interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida que no se habría terminado. También se ordenó la prisión preventiva del ex coordinador de YCRT Miguel Larregina y del diputado provincial Matías Mazú.
Casi al mismo tiempo, el Gobierno nacional rescindió el contrato con el grupo español Isolux Corsan para la construcción de la central termoeléctrica carbonífera de la localidad santacruceña de Río Turbio, adjudicada en diciembre de 2007 por u$s 665 millones, y ordenó "la inmediata toma de posesión de la obra".
La medida se dispuso tras constatarse que al vencimiento del plazo previsto, el 1 de febrero de 2017, la obra se encontraba inconclusa, los trabajos fueron interrumpidos en marzo de ese año y se requiere de no menos de 24 meses para su terminación.
Según la resolución que se publicó en el Boletín Oficial, la contratista de la central carbonífera santacruceña "no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios y las instrucciones de los fabricantes".
El grupo empresario tampoco mantuvo los seguros de responsabilidad civil extra contractual y de todo riesgo construcción, vencidos el 30 de junio de 2017; y de responsabilidad ambiental, vencido el 17 de mayo de 2015, "con el consecuente riesgo para los intereses del Estado nacional".