Jaime Kleidermacher, abogado de la familia Macri en lo vinculado a Correo Argentino, insiste que la fiscal Gabriela Boquin no tiene legimitidad para actuar en la causa ni para pedir peritajes contables del Correo Argentino, Socma y Sideco.
El pedido ya fue rechazado en 2 instancias. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla en favor de los Macri, la fiscal Boquin quedaría desplazada de hecho de la causa, pese a haber logrado frenar la condonación de más de $ 70.000 millones a la familia del Presidente.
La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, investiga el supuesto vaciamientos de las cuentas de Correo Argentino hacia otras empresas de los Macri, como Socma Americana y Sideco.
La Cámara Comercial falló en diciembre a favor de Boquín. La jueza del caso, Marta Cirulli, debía disponer las medidas solicitadas por la fiscal, quien pidió que un perito contable sorteado de oficio por el juzgado del caso para analizar los libros de las empresas mencionadas.
La juez Cirulli designó a los mismos síndicos del concurso de acreedores, cuestionados por la fiscal, por supuestas “contradicciones y omisiones”. Además, Cirulli no ordenó una pericia de la documentación sino que pidió un "informe de las sindicaturas".
Boquín dijo a la Cámara Comercial que la decisión de Cirulli “no garantiza la imparcialidad y la búsqueda de la verdad”.
La 1ra. pelea por los libros contables de Socma Americana y Sideco duró 8 meses. El problema parecía zanjado en diciembre, cuando la Cámara Comercial falló a favor de la fiscal y reconoció su “legitimidad” para acceder y analizar los libros. No fue así.
Irina Hauser, para Página/12, investigó las novedades del caso, a partir de una novedad:
https://www.pagina12.com.ar/95582-la-fiscal-que-paro-el-curreo
"El Grupo Macri volvió a la carga para intentar desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso acreedores del Correo Argentino y en particular impedir una investigación impulsada por ella para constatar (a través de una pericia de los libros contables) maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial. Esta vez el planteo contra Boquín fue presentado ante la Corte Suprema, cuando se cumple ya un año desde que salió a la luz el plan fallido, que ella denunció y logró frenar, que estaba destinado a lograr que el Estado le condonara al Correo casi la totalidad de una deuda cercana a los 4.000 millones de pesos. La realidad es que al día de hoy, entre recursos judiciales y prórrogas, no se avanzó nada en un nuevo acuerdo para el pago de la deuda.
La presentación contra la intervención de Boquín ante la Corte fue hecha por el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, y en esencia cuestiona el respaldo que le había dado a la fiscal la Cámara Comercial en una resolución de diciembre, en la que también hacía lugar al planteo para peritar los libros contables de la empresa. Sin embargo, la jueza de primera instancia en el concurso, Marta Cirulli, no ordenó un peritaje sino un simple informe contable y no hizo lugar a la intervención de un profesional independiente, pedido por Boquín, quien advirtió que dos de las tres sindicaturas que intervienen en el concurso están cuestionadas por su falta de independencia en el proceso e investigadas en una causa penal que tramita en el fuero federal. La paradoja es que en ese expediente a cargo del juez Ariel Lijo, donde está imputado hasta el presidente Mauricio Macri por los manejos para salvar a su familia de la deuda millonaria, también es investigada la propia jueza Cirulli.
Así, mientras la Corte Suprema debe resolver sobre la legitimidad de Boquín para impulsar la investigación sobre maniobras de vaciamiento en medio del proceso concursal, la propia fiscal se presentó ante la Cámara para reclamar que se haga una pericia propiamente dicha con un experto independiente. El papel de las sindicaturas en un concurso de acreedores es fundamental porque son las que deben controlarlo. Sin embargo, Boquín ya señaló en varias presentaciones que la llamada “sindicatura controlante” tuvo posturas contradictorias sobre, por ejemplo, gastos y retiros de dinero del Correo: por un lado los justificó, y por otro afirmaba que tenía nula o escasa actividad; en cierto momento pareció objetar la falta de autorización para la compra, con dinero del Correo, de acciones de Neficor –empresa con asiento en Uruguay– para un negocio automotor, pero no accionó para poner freno concreto. La fiscal advierte que desde el año 2016, cuando se concretó el acuerdo para condonar la deuda del correo que ella calificó de “ruinoso” y “abusivo” para los intereses del Estado, esta sindicatura comenzó a acompañar todos los pedidos de la empresa de los Macri. Lo mismo respecto de la sindicatura “general”, que está integrada por abogados (Julio César Rivera y Beltrán F. Louge) que han sido abogados de Socma y de otras empresas del Grupo Macri como Transmetro SA y Saframa. La sindicatura “verificante” es la que mantiene un criterio más autónomo y, por ejemplo, pidió un perito externo. (...)".