El abogado Leonardo Martínez Herrero ratificó la denuncia contra el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere por el cobro de un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dinero que, tras la polémica, el funcionario devolvió.
Según informa ámbito.com, el letrado se presentó en el juzgado federal N° 5 subrrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi para confirmar sus dichos. La investigación se inició por la comisión de los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta.
Martínez Herrero cree que los $500.000 que recibió y luego devolvió el ministro eran una "coima".
"El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son 'no rentados' y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios", aseguró el abogado a este medio al presentar la denuncia.
Martínez Herrero pidió que Etchevehere aclare ante Giorgi la "forma" en que recibió y restituyó el dinero y que se cite a declarar a los directivos de la SRA que aprobaron y rechazaron darle el bono. Además, instó al juez a indagar sobre una nota periodística del diario La Nación donde se afirmó que en "Comodoro Py deslizan insidiosamente que Etchevehere no tendría que preocuparse" por esta pesquisa.
Recordemos que el pasado 1ero. de febrero, el ministro difundió una carta en la que anunció que devolvió el dinero que había recibido de la Sociedad Rural. Claro, lo hizo luego de ser denunciado ante la Justicia y en medio de una gran polémica.
El funcionario argumentó que devolvía el dinero, en la "necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con el que fuera honrado sin distracciones estériles, no sólo en aras de la agroindustria, sino del país y la sociedad toda".
Según había trascendido, para afrontar la transición a la función pública Etchehevere exigió a la Rural que le pagase un bono tendiente a compensar la pérdida de ingresos que soportó al asumir la función pública.