En el marco de la Ley nacional 26.702 y la Ley 5935 de la CABA, por la que se transfirió la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad, la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar porteñas dispusieron el traspaso de nuevos delitos para que sean investigados por la Justicia local
En rigor, la norma dispuesta por estos organismos habilita a los fiscales, defensores y asesores tutelares del Poder Judicial porteño a asumir, a partir del 03/02, la competencia de investigar distintos delitos y contravenciones contemplados en el Código Penal de la Nación.
De este modo, dichos delitos dejarán de ser investigados por la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, para pasar a la órbita de la Justicia de la Ciudad.
Uno de los delitos será la prostitución. En rigor, contemplan el artículo 125 bis que fija entre 4 y 6 años de prisión a quien promueva o facilite la prostitución. En el mismo sentido, el artículo 131, que establece entre 4 meses y 6 años de cárcel a quien promueva acoso a menores de edad mediante dispositivos electrónicos (redes sociales).
En cuanto al trabajo infantil, se contempla el artículo 148 bis que fija 1 a 4 años de prisión a quien se aproveche económicamente de la labor de menores, en violación de las normas nacionales que lo prohíben.
Quien participe en picadas en las calles porteñas y pongan en riesgo la vida de los peatones u otros automovilistas, así como los organizadores tendrán entre 6 meses y 3 años de cárcel y la inhabilitación para conducir por el doble de ese lapso.
Por otro lado, quien brinde falso testimonio en una causa judicial tendrá entre 4 y 10 años de prisión (artículo 276 bis) y entre 3 y 6 años para quienes organicen juegos de azar ilegales (artículo 301 bis), ambos delitos que también podrá investigar la justicia local.
Por otro lado, los movimientos de empleados en el Poder Judicial porteño se vieron sacudidos en las últimas horas, a raíz de lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura.
Lejos de marcar un mensaje de austeridad que fomenta el oficialismo, el organismo que conduce la larretista Marcela Basterra creó 7 nuevas estructuras y reasignó a más de 40 empleados jerárquicos, lo que da cuenta de un crecimiento de los gastos.
Dentro de las 7 nuevas estructuras en el Consejo de la Magistratura, se crearon 3 nuevas direcciones Generales (Apoyo Operativo, Auxiliares de Justicia y Derechos Humanos) y 4 direcciones simples (Materiales Especiales y Apoyo Técnico, Derecho Ambiental, Acceso Comunitario y Unidad de implementación para el servicio de Conciliación).
Desde el Consejo afirman que "ya eran personal de planta. Solo se sumaron 4 nuevos funcionarios y hubo dos pases, que venían de la fiscalía; el Consejo ya les pagaba los sueldos".
Asimismo, anuncian un plan de ajuste en cargos políticos que incluye una reducción para los próximos de 2 años de 200 empleados, aunque afirman que no echarán a nadie. Apostarán a un plan de retiros y jubilaciones.
Desde el GCBA buscan que el Consejo encare plan de ajuste del 20% de su estructura, el mismo recorte al que apunta el Ejecutivo nacional.