Continúan las novedades en torno al ex Grupo Indalo, que Cristóbal López y Fabián De Sousa -ambos presos- intentaron vender a OP Investments, operación que está frenada por la Justicia tanto en el fuero federal como comercial.
Ahora, según pudo saber Urgente24, los 2 directivos de OP, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre (quienes no han logrado remontar las operaciones de las empresas del ex Indalo) generaron gran malestar al presentar sendas facturas por $7 millones, por supuestas tareas realizadas desde octubre.
El enojo proviene fundamentalmente de que Rosner "aún no puso un peso" en el ex holding Indalo pero pretende cobrar esa millonaria suma, monto que los veedores judiciales no desean autorizar (en especial teniendo en cuenta que algunas de las compañías que integran el Grupo no pagan salarios desde hace meses).
"¿Qué les decimos a los trabajadores de la constructora CPC que no cobran desde hace 3 meses?", se escuchó a uno de los veedores.
Es por ello que esta situación presuntamente irregular fue informada al juez Julián Ercolini, argumentando que podría configurar una situación de vaciamiento.
Ercolini es el magistrado que procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa y ordenó sus detenciones, en el marco de la causa en la que se los acusa de evadir $8 mil millones del impuesto a los combustibles a través de la emprea OIL Combustibles. Ercolini decidió detener a López y a su socio por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas.
Cabe recordar que las acciones de Indalo fueron adquiridas por OP Investments el 20/10/2017. Los representantes en Argentina de dicha empresa, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, asumieron como presidente y vicepresidente, respectivamente, en los directorios de compañías del ex Grupo Indalo, incluida Oil Combustibles S.A., con el objetivo de encarar el saneamiento y avanzar en el recupero financiero de las empresas. Pero la Justicia rechazó esta operación.
La AFIP, denunciante y querellante en la causa en la que los dueños de Indalo, López y Fabián De Sousa son investigado por adeudar al Estado 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), había presentado un escrito rechazando "cualquier operación", oponiéndose así a que se levante la inhibición de bienes que recae sobre el holding para una posterior venta.