La jueza Patricia López Vergara, muy cuestionada por su decisión de prohibirle a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el uso de armas de fuego, pero especialmente por limitarle el uso de gases y balas de goma para reprimir a los grupos de violentos que actuaron durante la manifestación frente al Congreso con motivo de la sanción de la reforma previsional, defendió esta mañana (22/12) su accionar: Mientras yo aplique la ley, siento que hice lo correcto".
Vergara, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, habló por primera vez desde los destrozos e incidentes que se produjeron en la manifestación del lunes pasado contra la reforma previsional, donde hubo 88 heridos entre los uniformados y una cifra similar entre manifestantes.
En declaraciones a radio La Red, la jueza justificó su decisión en lo que establece el artículo 99 de la Ley 5.688 de la ciudad de Buenos Aires, norma que regula el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Capital. Ese artículo marca que "no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes".
A ese artículo apeló Vergara para defender su actuación, pero cuando se le preguntó sobre la actitud que debe tomar un policía que es agredido a piedrazos, ella dijo que debe regirse por "los principios de la gradualidad y la persuasión", basándose en "la aplicación del artículo 83" de la Ley 5.688.
"Aparte de decir lo que dice la ley en relación a las armas de fuego", agregó "la menor lesividad en el empleo de las balas de goma y gases químicos", explicó y reflexionó que a la sociedad le "está faltando mayor tolerancia".
La magistrada prohibió a la policía porteña llevar balas de plomo y la obligó a portar identificaciones en los uniformes de los agentes así como a usar gases y municiones de goma sólo como último recurso y a una distancia que minimizara consecuencias nocivas.
Como consecuencia de esa orden, el miércoles (20/12) el Gobierno porteño dijo que evaluaba pedir ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad un pedido de juicio político contra la magistrada que aún no se concretó.