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La responsabilidad política, que puede transformarse en responsabilidad penal, por impulso de los familiares, de la tragedia del San Juan entró en una etapa crítica.
Oscar Aguad, ministro de Defensa, armó una comitiva de inquisición para que hurge en los posibles errores de los marinos. Según publica el diario 'Ambito Financiero', la lupa se puso, entre otros, en el número de los tripulantes embarcados en el submarino, los 44, y cuál es la función de cada uno.
"La premisa básica hasta del inspector Clouseau a la hora de pesquisar es conocer el medio, las doctrinas de empleo de los medios, los planes vigentes, los hechos y las circunstancias. El ministro escucha sólo a su jefe de gabinete, Raúl Ripa; a Graciela Villata, secretaria de Logística y a la directora de Inteligencia Estratégica Militar, la abogada María Noel Costa. Otro fogonero de oportunidad con sugerencias ad hoc es el titular del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa", publica el mencionado matutino.
"A favor se puede decir que son debutantes en una tarea que les excede, sólo acreditan 3 meses de gestión, se diría los pininos aprobados, y enfrentan una crisis cuya única solución parece ser reunir datos para blindar a su jefe. No se puede defender lo que no se conoce".
El apuro de Aguad se debe al pedido de declaración testimonial, que se puede tornar indagatoria, que solicitó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, para conocer detalles sobre la búsqueda y la desaparición del submarino ARA San Juan.
La mencionada jueza, que habló de la "mayor tragedia de la historia naval argentina", envió cuestionarios a dos altos jefes de la marina y pidió al Poder Ejecutivo que se levante el secreto que cubre por ley y doctrina la operación del submarino.
"El personal de la Armada está amparado en la confidencialidad. No puedo citarlos a declarar ni exigirles que me brinden documentación sensible hasta tanto el Presidente releve el secreto de Estado, dijo en declaraciones públicas la jueza Yañez.
Ocurre que tanto en el Ministerio como en el juzgado enfocaron el pedido de levantar el secreto con arreglo a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 un plexo normativo que dispara todo tipo de conspiraciones cuando en realidad se trata del artículo 222 del Código Penal, "Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, Revelación de Secretos Políticos, Militares, Industriales o Tecnológicos, Menosprecio de Símbolos Nacionales".
Dice: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación". El San Juan estaba de regreso a su base luego de una ejercitación con la Flota de Mar y cumplía -durante la travesía- un patrullado de control de espacio soberano.
No hay país en el mundo desde los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, la Federación Rusa, Brasil, Perú, Venezuela y otros con submarinos en sus flotas que den a publicidad cómo, dónde y bajo qué instrucciones operan.
Puestos a elucubrar, los funcionarios de Defensa pusieron el ojo en los 7 buzos tácticos y en un suboficial de informaciones que abordaron el San Juan y no pertenecen a la dotación estable. Es habitual que embarque un cabo capacitado en informaciones (inteligencia) para entrenarse en la interpretación de imágenes y comunicaciones desde una plataforma sumergida como lo es un submarino. El escaso presupuesto produjo una merma en los días de navegación e inmersión disponibles, la Armada optó por aprovechar toda etapa de adiestramiento para embarcar personal y capacitarlos en su actividad específica.
La Agrupación de Buzos Tácticos es una unidad de elite que depende de la Fuerza de Submarinos y se adiestra con ellos, parte de su entrenamiento consiste en desplegarse del submarino a la costa. Así, en 1982, desde el submarino ARA Santa Fé, una fracción de buzos tácticos al mando del teniente de fragata Carlos Robbio marcó con sus linternas el lugar para el desembarco de las tropas en Malvinas.
Según explicó al mencionado medio, el vicealmirante retirado Jorge González, extripulante de los submarinos ARA San Luis y ARA Salta, quien estuvo en Alemania durante su construcción, exComandante de la Fuerza de Submarinos y exmiembro representante del país ante la Oficina Internacional de Escape y Rescate de Submarinos (Ismerlo, en sus siglas en inglés), organismo que fue clave para alertar a la comunidad global sobre el accidente del San Juan, "la esencia del submarino es su discreción, sigilo y la imposibilidad de ser detectado, que se busca por diseño lograr que opere en el mayor silencio posible. Todo en pos de la capacidad estratégica de "la sorpresa", estar en el lugar más favorable donde nadie lo espera, en el momento que se lo necesite".
"Aunque esté en una navegación de adiestramiento el submarino como cualquier aeronave o buque de superficie de la Armada tiene la misión regulada por la ley de efectuar el control del espacio marítimo soberano", agregó el almirante. "Se aprovecha la singladura tanto durante las ejercitaciones como en la derrota a puerto para cumplir con el plan de patrullado vigente", completó el alto oficial.
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Luego del pedido de declaración testimonial de la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, y anticipando una indagatoria, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, inició una investigación interna sobre la Armada.
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Aguad se prepara para defenderse de reclamos políticos (y penales) por el ARA San Juan
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