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Por 6 votos por la positiva, el Consejo de la Magistratura citó al juez federal Daniel Rafecas para el 7 de diciembre a las 9 de la mañana. La citación tuvo un solo voto por la negativa, que fue del consejero Leónidas Moldes. Ese día, la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo escuchará el descargo del juez por no haber investigado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y significará el paso previo al inicio de su juicio político.
En la calle Libertad al 700, en la sesión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura el oficialismo consiguió aprobar la citación del juez federal Daniel Rafecas para que realice su descargo como instancia previa a un posible inicio de un proceso de juicio político por "presunto mal desempeño de sus funciones".
Todo se hizo sobre un dictamen acusador que se basa en una denuncia que Elisa Carrió hizo hace tres años contra el magistrado. En ella, se le atribuyen al menos cinco acciones "reprochables" respecto a su decisión de cerrar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, al considerar que no había delito allí.
Después de la destitución del camarista Eduardo Freiler, el Consejo de la Magistratura busca así avanzar contra el juez Daniel Rafecas, que cuenta con más de trece años en el fuero federal.
Este fue el primer paso hacia la suspensión y enjuiciamiento del magistrado, y ocurre a pocos días de que fuera destituido el camarista Eduardo Freiler, que votó dos veces avalando aquel cierre sin investigación de la denuncia de Nisman, y a 3 semanas de la renuncia la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien se irá el 31 de diciembre pero que ya pidió licencia "por enfermedad de largo tratamiento".
Dicen que en el Gobierno están convencidos de que el pacto 'fundacional' que alcanzaron con gobernadores y sindicatos no estará completo sin una refundación de la justicia federal. Pero, ¿hablamos realmente de un cambio estructural en la Justicia con esta "limpieza"?
El periodista Hugo Alconada Mon escribió este fin de semana una larga nota sobre Comodoro Py, lo describió de la siguiente manera:
"(...) un lugar donde, a puertas cerradas, algunos jueces hablan de "rehenes" cuando aluden a los funcionarios del gobierno de turno que figuran como imputados en sus juzgados.
Un lugar donde jueces y fiscales, salvo excepciones, jamás quieren investigar el poder económico.
Un lugar donde, salvo honrosas excepciones, los jueces y los fiscales son procíclicos, según muestran las estadísticas. Es decir, no investigan al funcionario mientras detenta el poder. Por el contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública.
Un lugar donde un fiscal puede pisar una investigación durante años, pero en cuanto percibe que el funcionario perdió poder, llama a un periodista y le anuncia que pidió la indagatoria del hasta entonces protegido porque quiere "pasar a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria". (...)
Un lugar donde el kirchnerismo quiso meter la cuña con la agrupación Justicia Legítima, jueces subrogantes, jueces ad hoc y más, y un lugar del que ahora Cambiemos quiere desplazar a todo aquel que sea kirchnerista, pueda serlo o haya sido sindicado por otro -acaso por interés personal- como tal. (...)
La corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro es el título del que escribieron otros dos veteranos de los tribunales penales, el ex juez Mariano Bergés y la ex secretaria Adriana Galafassi. "Ningún gobierno de los últimos treinta años intentó mejorar el sistema de Justicia. Por el contrario, todos intentaron colonizarlo. El actual no es la excepción", alertaron. Bergés y Galafassi son pesimistas: "Hoy es tarde. Acomodado el gobierno después de un año de mandato, también aprendió que es mejor no hacer olas en la Justicia federal. No sea cuestión que se desempolve alguna causa o se inicie una nueva porque 'todos tenemos un muerto en el placar' (...)".
A raíz de esa descripción, en la extensa nota, termina por preguntarse si el sistema político y empresarial que se beneficia del sistema judicial actual está realmente dispuesto a reformarlo sabiendo que puede perder su impunidad.
La duda reina. El propio presidente de la Nación acumula varias causas. No todas son nuevas. Un medio digital opositor las expuso algunas:
- El anteúltimo día del 2015 el juez Sebastián Casanello decidió sobreseerlo por el escándalo de las escuchas ilegales que lo tuvo más de un lustro como procesado. Sin embargo a los pocos meses de asumir la presidencia comenzaron nuevamente los problemas.
- Panama Papers (abril 2016): El Presidente fue imputado por el fiscal Federico Delgado por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de una denuncia que se basa en los documentos filtrados en la investigación conocida como Panama Papers. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
- Blanqueo para familiares (diciembre 2016): Macri, fue imputado por el fiscal Guillermo Marijuán junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, por firmar el decreto que permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales. El fiscal impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.
- Memorandum con Qatar (diciembre 2016): Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y otros funcionarios fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la firma de un memorándum con Qatar que involucra fondos de Anses por inversiones por 1.300 millones de dólares. La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien también investiga a otros funcionarios, diplomáticos qataríes e incluso al tenista Gastón Gaudio.
- Acuerdo por el Correo Argentino (febrero 2017): el gobierno argentino estuvo a punto de cerrar un acuerdo con la familia del Presidente por una deuda que el Grupo Macri mantenía con el Estado Nacional. El convenio autorizado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, le establecía un plan de cuotas duradero hasta el 2033 que licuaba las obligaciones del Grupo con el Estado. Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni al igual que Oscar Aguad. En el dictamen del fiscal, ambas acusaciones están dirigidas a que "se habrían cometido conductas delictivas” en el acuerdo. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
- Entrega de rutas aéreas (febrero de 2017): Macri y su padre Franco fueron imputados por la entrega de rutas aéreas a una empresa que perteneció al Grupo Macri y fue vendida a la compañía Avianca en Marzo pasado. Los compradores mantuvieron a Carlos Benjamín Colunga López, gerente de Mac Air Jet, como CEO de Avian Líneas Aéreas. El fiscal Jorge Di Lello decidió imputar al presidente, funcionarios y empresarios de SOCMA y de Avianca. El juez de la causa es Sergio Torres.
La presentación contra Rafecas fue formalizada ayer por el senador radical Angel Rozas. Es un trabajo de 63 páginas en las que se lo acusa de "favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento". También sostiene que el juez dictó una "sentencia fraudulenta" al rechazar la denuncia de Nisman en febrero de 2015.
A Freiler se lo echó por "mal desempeño", ante la imposibilidad para justificar un aumento de 20 millones de pesos en su patrimonio. Pero el caso de Rafecas presenta una diferencia sensible: puede interpretarse –en la libre interpretación que siempre permite el Derecho- que se lo quiere sancionar por el contenido de sus fallos.
El kirchnerismo está agitando este argumento. Sin embargo, se olvidan de que hace 12 años, siguiendo la orden de Néstor Kirchner para desplazar de la Corte a la mayoría automática del menemismo, el contenido de una sentencia determinó la destitución del juez Antonio Boggiano.
La citación del juez se concreta por el Artículo 20 del Reglamento de la Comisión que está integrada por nueve personas, donde el oficialismo está representado por los consejeros Pablo Tonelli, Miguel Piedecasas, Gustavo Valdés, Juan Bautista Mahiques y Ángel Rozas.
Rafecas ahora debe presentarse el día 7/12 a ofrecer su descargo. Luego, la comisión de Acusación y Disciplina tiene 20 días hábiles para emitir un dictamen acusatorio o desestimatorio.
"La actuación del Juez merece el más alto reproche institucional, en virtud de que su sentencia se considera una construcción intencionalmente alejada del ordenamiento jurídico aplicable, de los hechos, de la trascendencia institucional de la causa y con la intención de favorecer a los más altos funcionarios de la República que ejercían el poder en esos momentos", indica el escrito en base al cual se analizará la citación al juez.
Según el dictamen, los fundamentos pretendidos por Rafecas, son "intencionalmente artificiales y aparentes" y se encuadra en los conceptos de "arbitrariedad manifiesta" a lo que se se le agrega "el notorio favorecimiento de funcionarios públicos del más alto nivel de nuestro país, se incursiona en el mal desempeño, que lo descalifica como Juez de la Nación".
Al mismo tiempo se indicó que no hubo posibilidades de "producir medidas de prueba" lo que "ha imposibilitado arribar a la verdad de los hechos, a la vez que ha impedido demostrar la inocencia de los sindicados".
Por ello, se planteó entre otras acusaciones, que Rafecas realizó "indebidas manifestaciones políticas positivas de los imputados y negativas del denunciante (Nisman)", así como que "convocó y mantuvo una reunión en su despacho con personas que no formaban parte de la causa para adelantar su resolutorio".
La situación de Lijo
A diferencia de Rafecas, el juez federal Ariel Lijo, habría entrado en un remanso de alivio después de algunas semanas de zozobra, según afiman los del Gobierno que trabajan sobre la Justicia.
Ocurre que Lijo acaba de citar a declaración indagatoria por el caso Ciccone a personajes del porte del interminable gobernador de Formosa Gildo Insfrán, el poderoso banquero Jorge Brito y el ex amo y señor de la AFIP, Ricardo Echegaray. Podría decirse que de esta manera se transformó en un intocable hasta que amaine el temporal.
Hace dos semanas había ordenado la detención de Amado Boudou, casi en simultáneo con las versiones que lo vinculaban al ahora defenestrado camarista Freiler. Y entre la multitud de causas que se tramitan en su juzgado, está como se dijo, la del Correo Argentino...
El 73% cree que la justicia actúa adecuadamente al detener a exfuncionarios K
Mientras en Comodoro Py se aceleran las causas contra varios ex funcionarios, un sondeo Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, que dirige Orlando D’Adamo, realizó un estudio al respecto, sobre el cual determinó que el 73% cree que la justicia actúa adecuadamente al detener a exfuncionarios kirchneristas.
En tanto, el 42% considera que lo hace con lentitud, y el 21% afirma que se trata de una "persecución política".
En efecto, el 61% de los encuestados en el mismo sondeo entiende que el exvicepresidente Amado Boudou será hallado culpable de los delitos que se le imputan, mientras que el 24% considera que no lo será. Lo propio ocurre con el exministro Julio de Vido. De hecho, el 59% de los participantes del sondeo cree que será hallado culpable, contra el 26% que opina lo contrario.
En el caso del exsecretario José López, 63% juzga que será hallado culpable de los delitos que se le imputan y 21% entiende que no. Mientras tanto, en el de Lázaro Báez, el 51% considera que será declarado culpable por la justicia y el 35% opina lo contrario.
Port otra parte, si bien el 50% considera confiables los resultados que pueda brindar la autopsia de Santiago Maldonado, el 40% entiende lo contrario y no confía en dicho examen.
En ese mismo sentido, el 42% manifiesta no tener ninguna confianza en la justicia de la Argentina, en tanto que el 30% sostiene que tiene poca confianza en dicho poder, y a Apenas el 4% revela mucha confianza en la justicia, mientras que el 13% indica que mantiene alguna confianza.
Enviar alerta como Síntesis
Primero Alejandra Gils Cabó, después Eduardo Freiler y ahora los cañones apuntan a Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo. Dicen que en el Gobierno están convencidos de que el pacto 'fundacional' que alcanzó con gobernadores y sindicatos no estará completo sin una refundación de la justicia federal. Sin embargo, hay otras razones y tienen nombre (llámese, 'Correo Argentino', 'Avianca',...). Como dice el dicho "todos tenemos un muerto en el placar". Entonces, ¿podrá ser capaz el gobierno de reformar realmente el sistema judicial a costa de perder su impunidad? ¿Cuánto temen convertirse en los futuros rehenes de Comodoro Py? ¿Qué le dirán al 72% que no confía en la Justicia?
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RAFECAS CITADO PARA EL 7/12
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Gils Cabó, Freiler, Rafecas... Así no se llaman los "muertos" de Macri
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