El juez federal Luis Rodríguez llamó a declaración indagatoria a Julio De Vido y a otros 36 imputados en el marco de una causa que investiga un desfalco de $265 millones destinados para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional deberá comparecer ante el magistrado el próximo 28 de noviembre. Entre los otros citados están el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral.
Cabe recordar que el pasado 4 de julio el fiscal Carlos Stornelli había solicitado la indagatoria y la detención de De Vido y otros acusados, llegando incluso a generarse un debate en la Cámara baja para determinar si al ex ministro de Planificación correspondía quitarle sus fueros como diputado nacional por falta de idoneidad moral. Finalmente, y como el magistrado rechazó desaforarlo, Elisa Carrió fue por su expulsión de la Cámara de Diputados pero fracasó (algunas versiones indican que la Rosada protegió al ex ministro).
Luego del fallo del juez Rodríguez, Stornelli apeló a la Cámara y los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun consideraron "arbitraria" su decisión y ordenaron que se vuelva a pronunciar. Y ahora el magistrado se expidió, rechazando su detención y citándolo a indagatoria.
"Se investigan en autos los posibles delitos derivados del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de fecha 14 de enero de 2008, celebrado por el entonces interventor ingeniero Lucio Enrique Mercado, y el rector de esa casa de estudios, ingeniero Héctor Carlos Brotto, cuyo aparente objeto resultó la cooperación entre ambas instituciones en particular la prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica y Profesional por parte de UTN a YCRT", expuso el juez.
Además, consideró que hubo un segundo grupo de contrataciones relacionadas con el "Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio", también llamado "Tren Histórico Eva Perón".
El tren tuvo un costo de 344 millones de pesos, aunque nunca se puso en funcionamiento. Según se investiga, las obras y demás cursos eran por convenios en los cuales el Estado debía librar 26.000 millones de pesos que se canalizaron a través del Ministerio de Planificación Federal y por la UTN. Se calcula que hubo un desvío de unos 265 millones de pesos que no llegaron a su destino original, sumado a sospechas de pago de sobreprecios de las obras planificadas.
Al disponer la prohibición de salida del país de los acusados, el juez decidió librar oficio al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, "a fin de hacerle saber que deberá abstenerse de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte de los nombrados a quienes se les impone por el presente la obligación de hacerse presentes ante esta sede a los efectos de hacer entrega del documento aludido, cuya custodia estará a cargo del Tribunal".