CIUDAD DE BUENOS AIRES. El titular del gremio de los porteros, presidente del Partido Justicialista porteño y dueño del grupo editorial propietario de varios medios de comunicación incluyendo el diario Página/12, Víctor Santa María, se ha sumado a la lista de enemigos del macrismo, quien entonces le imputa graves hechos de corrupción.
Convertido en vocero de la caza de brujas, el diario La Nación (muy raro lo de los Saguier porque ellos padecideron situaciones difíciles en días de los K, y lo bueno para todos sería superar y no repetir esas situaciones aunque quizás -es el rumor- el déficit de +LN justifica muchas cosas), la investigación que compromete al sindicalista controvertido por lavado de dinero comenzó en la Unidad de Información Financiera (UIF).
Deberá recordarse que la UIF se encuentra a cargo de Laura Alonso desde que Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y 'todoterreno' judicial de Mauricio Macri, según versiones, logró ubicar ahí a la ex diputada nacional, pese a que Alonso no es abogada sino cientista política.
La UIF denunció ante la Justicia -juez federal Claudio Bonadio y fiscal Carlos Rívolo- al Suterh, mientras completa la búsqueda de información local e internacional.
Siempre lo publicado en el diario que en el pasado fue de la familia Mitre (de quienes los Saguier son parientes bastante lejanos), se trata de una serie de operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas por casi US$ 4 millones drealizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), cuya gestión es personalizada por Santa María.
En algunas de esas operaciones se repiten empresas proveedoras con un mismo domicilio vinculadas al sindicato y a 2 empresarios, Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini, y a las sociedades Alto Trust Ltd. y Vica Trust, radicadas en Suiza.
Posteriormente, Alto Trust cambió su denominación por Primafides Suisse SA.
"No existe elemento alguno que permita afirmar y sostener que el SUTERH haya lavado dinero o que mi persona disponga de cuantiosos fondos. La maniobra es falsa, inventada. Y como tal carece de todo soporte probatorio", sostuvo el titular del PJ porteño en un comunicado.
Según él, su "estado patrimonial no refleja ningún enriquecimiento ilícito" como consta en la declaraciones juradas presentadas ante la AFIP y que, además, no existen "denuncias judiciales que pesen contra el Suterh como se afirma" en el artículo de La Nación.
Santa María puntualizó que la "serie de operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas son inversiones en inmuebles que ha realizado el Suterh" y que "forman parte del patrimonio del sindicato y no del de sus dirigentes".
Según la investigación, empresas proveedoras del Suterh -en rubros diversos tales como publicidad, informática, turismo, construcciones, seguridad, gestión administrativa, servicios de internación o sanitarios y venta de productos farmacéuticos- compartían un modus operandi por el cual acreditaban fondos y aportes mediante cheques del sindicato para luego dar lugar a extracciones, anticipos de dividendos y formas contables para retirar dinero en efectivo, operaciones que generalmente suponen maniobras irregulares de sobre o subfacturación.
El informe de la UIF sostiene que "no se puede descartar la utilización de maniobras de sobre o subfacturación que permitan fugas o canalizaciones de fondos desde el Suterh hacia las firmas analizadas. Tales los casos de las sociedades proveedoras Servifarma24 SA y la actual Máxima Salud SA, registradas por la AFIP como usuarias de facturas apócrifas".
En ese sentido, Santa María descalificó al artículo al considerar que "falta a la verdad y se nutre de materiales y versiones periodísticas antiguas" producto de "operaciones", y que se trata de "una nueva embestida política" para "justificar la persecución de las voces disidentes".
Según la UIF, cabe sospechar que los fondos administrados por el sindicato "y pertenecientes a los trabajadores" hayan sido derivados a través de esas sociedades para "destinarlos a fines ajenos a la actividad sindical". Agrega el informe que José Francisco Santa María y sus hijos Víctor, actual titular del sindicato, y Catalina podrían ser "beneficiarios finales (titulares) de Alto Trust Ltd., sociedad que sería administradora de Vica Trust".
A su vez, a fines de 2016, Víctor Santa María habría dejado de ser beneficiario de Vica Trust, siendo reemplazado por la esposa de José Francisco Santa María, su padre.
En marzo del corriente año se habrían verificado débitos en ese trust por poco más de US$ 2,5 millones.