Tras la suspensión del camarista Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara Federal penal porteña con sus otros dos miembros restantes confirmó el rechazo del juez Rodolfo Canicoba Corral a excarcelar al detenido ex titular del Sindicato Obrero Marìtimo Unido (SOMU), Omar "Caballo" Suárez quien además buscaba la prisión domiciliaria. Acto seguido, Suárez ratificó ante la jueza María Servini una denuncia contra la exinterventora del sindicato de obreros marítimos (SOMU) y actual candidata a senadora nacional por Cambiemos, Gladys González en donde la acusa de "asociación ilícita, lavado de activos, en concurso real con los delitos de administración fraudulenta del patrimonio del SOMU, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes".
Patrocinado por el abogado Carlos Broitman (el mismo letrado que defiende Ibar Esteban Pérez Corradi, Henry “Mi Sangre” Londoño, los hermanos Juliá, y el financista Guillermo Greppi), Suárez imputó también a González por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y prepotencia ideológica”.
“González se encargó de utilizar el gremio con fines de enriquecerse ilegítimamente, coaccionar a compañeros para dominar su voluntad, y tener su propia caja para la campaña política como segunda candidata a Senadora de Cambiemos en la Provincia”, sostiene el texto.
Suárez invocó como testigos del supuesto accionar delictivo de González a Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola, integrantes del triunvirato que inicialmente intervino en el SOMU, quienes “a sólo tres meses de haber tomado la tarea renunciaron y elevaron un texto a (el juez Rodolfo) Canicoba Corral en el que señalaban la falta de criterios comunes con la por entonces diputada”.
Además, “el representante del Ministerio de Trabajo en la Intervención del SOMU, Jorge Alonso, afirmó además que la interventora Gladys González tuvo reuniones encubiertas con empresarios y que usa fondos del gremio para pagarse operadores de prensa”, añade el texto.