El fiscal federal Federico Delgado pidió este lunes (11/04) el procesamiento con prisión preventiva para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como para el ex asesor Manuel Vázquez, en el marco de la causa que investiga las irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal.
Jaime y Vázquez están detenidos desde hace días por decisión del juez Julián Ercolini, pero Delgado también reclama la prisión preventiva de Schiavi.
El ex funcionario registra una condena de 8 años de prisión por la denominada tragedia de Once, la cual “debe ser ponderada a la hora de evaluar la libertad” y se debe “asegurar su comparecencia al eventual juicio oral”.
El viernes pasado, Schiavi negó su responsabilidad en la firma de los contratos que la Argentina suscribió con España y Portugal por la compra de trenes de más de 100 millones de euros, operación en la que se sospecha el pago de sobreprecios por material inservible. A través de un escrito que presentó ante el juez Ercolini, Schiavi aseguró que no firmó los convenios para la compra de material ferroviario.
En este sentido, aseguró que si bien durante su gestión procuró reparar esos vagones, no pudo concretarlo porque su área contaba “con apenas el 12 o 14 por ciento del presupuesto que tenía asignado”. Además, el ex funcionario remarcó que, mientras estuvo al frente de la Secretaría firmó “otros convenios con España que se encuentran en plena ejecución y con material en funcionamiento”, con lo cual apuntó contra su antecesor, el detenido en esta misma causa Ricardo Jaime.
Schiavi sostuvo, además, que rescindió algunos contratos que habían sido firmados durante la gestión de su antecesor, Jaime, y que también intervino en reclamar un crédito a España por más de 6 millones de euros por incumplimiento de algunos puntos del convenio.
Por otro lado, Schiavi indicó que durante su gestión “en 2011, se abrió una licitación para poner a punto los trenes que estaban en los talleres de Remedios de Escalada”, entre ellos los que habían sido comprados a España y Portugal. No obstante, afirmó que “eso nunca pudo concretarse porque a la Secretaría le habían asignado apenas entre un 12 y un 14 por ciento del presupuesto que estaba pautado”, con lo cual, aunque de manera implícita, lanzó un tiro por elevación contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de quien dependía por aquel entonces su área.
Precisamente, De Vido es otro de los ex funcionarios que deberá prestar declaración indagatoria en esta causa, algo que fue pautado por el juez Ercolini para el próximo 27 de abril.