Garavano no consiguió nada concreto de su viaje a USA y encima pasó por alto el juicio que comienza con el fondo de riesgo estadounidense Burford Capital LLC, que reclama más de US$ 3.000 millones por la reestatización de YPF que dispuso Cristina Fernández de Kirchner pero que había iniciado su marido ya muerto Néstor Kirchner a través de quien era un empresario de su confianza, Enrique Eskenazi. Sin resultados en el caso Odebrecht, porque la empresa tiene un acuerdo de confidencialidad con USA, Garavano podría haber aprovechado el viaje para ‘atajar’ ese conflicto que se le viene encima a Macri.
El ministro de Justicia se entrevistó este lunes (5/6) en Washington con el fiscal General de Estados Unidos Jeff Sessions, con quien sólo acordó “seguir colaborando y profundizando la colaboración”, en tema se corrupción y “específicamente sobre Odebrecht, donde le transmitimos la necesidad de que se facilite información a los jueces y fiscales que están investigando”, los sobornos de esta multinacional brasileña.
Según Garavano, Sessions “se comprometió a seguir colaborando y profundizando la colaboración entre los dos ministerios, y específicamente tocamos la colaboración en temas de corrupción y específicamente en (la causa) Odebrecht, donde le trasmitimos esta necesidad de que se facilite información” a quienes investigan en la Argentina.
Aunque el funcionario argentino reconoció la falta de resultados: el caso Odebrecht “aún está formalmente en trámite” advirtió y explicó que “representa siempre un obstáculo, porque generalmente la información se comparte una vez que el caso está terminado”.
El diario Ámbito Financiero aporta que Garavano ya se reunió en Nueva York con un grupo de fiscales federales que investigó a la constructora brasileña, eje del "Lava Jato" que se ventila en Brasil, pero con implicancias en Argentina, donde la compañía aseguró haber pagado retornos del orden de los 35 millones de dólares entre 2007 y 2014.
Antes de partir rumbo a Estados Unidos, Garavano les reclamó a los abogados de Odebrecht, a quienes les exigió que "le entreguen al Estado argentino el listado de quiénes recibieron sobornos" en el país para remitirlo "inmediatamente a la Justicia", en tanto que la compañía le entregó documentación referida a sus contratos locales de obra pública entre 2007 y 2014.