Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini fueron procesados este lunes (15/05) por "defraudación de la administración pública" en el marco de la causa que investiga el destino de los fondos estatales para construcción de viviendas a través de fundación Sueños Compartidos. El procesamiento también alcanza al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
Por otro lado, la Justicia decidió dictar la falta de mérito en los procesamientos del ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el de Misiones, Maurice Closs; el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros.
En estos casos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi entendió que no había mérito para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos, por lo que dispuso nuevas medidas de prueba para continuar con la investigación.
Según indica Martínez de Giorgi, los hermanos Schocklender, como apoderadores de la Fundación de Madres, "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones". En su explicación, el magistrado expone que al ingresar los montos a la institución los hermanos"desviaron la suma de 206.438.454,04 pesos".
El millonario monto fue canalizado a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras)" o a través de personas y fimas que percibieron dinero "sin contraprestación relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro -como, por ejemplo, “Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A.” y “Agropecuaria Monte León S.A.”, vinculadas a Guillermo Alejandro Greppi-".
Martínez de Giorgi puso énfasis en la utilización de los miembros del entramado del "prestigio y trayectoria" de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y también en el "infiel desempeño" de José López y Abel Fatala, quienes "articularon los mecanismos para que las construcciones de vivienda cuya financiación requerían las jurisdicciones provinciales y municipales fueran adjudicadas en forma directa a la Fundación Madres".