El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi negó este viernes (08/04) su responsabilidad en la firma de los contratos que la Argentina suscribió con España y Portugal por la compra de trenes de más de 100 millones de euros, operación en la que se sospecha el pago de sobreprecios por material inservible. A través de un escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini, Schiavi aseguró que no firmó los convenios para la compra de material ferroviario.
En este sentido, aseguró que si bien durante su gestión procuró reparar esos vagones, no pudo concretarlo porque su área contaba “con apenas el 12 o 14 por ciento del presupuesto que tenía asignado”. Además, el ex funcionario remarcó que, mientras estuvo al frente de la Secretaría firmó “otros convenios con España que se encuentran en plena ejecución y con material en funcionamiento”, con lo cual apuntó contra su antecesor, el detenido en esta misma causa Ricardo Jaime.
Schiavi sostuvo, además, que rescindió algunos contratos que habían sido firmados durante la gestión de su antecesor, Jaime, y que también intervino en reclamar un crédito a España por más de 6 millones de euros por incumplimiento de algunos puntos del convenio.
En el escrito que dejó junto al juez, ante quien además respondió preguntas, Schiavi defendió su gestión, al asegurar que consiguió poner en marcha siete locomotoras diésel que habían sido adquiridas en esos contratos tildados de irregulares con España.
También señaló que intentó, sin éxito, generar un expediente de licitación para poner en marcha máquinas que estaban varadas en los talleres de la estación ferroviaria de Retiro. Según explicó, esto último no pudo llevarlo a cabo porque apenas consiguió entre el 12 y el 14 por ciento del presupuesto.
Luego, el exfuncionario sostuvo que realizó contratos por la compra de trenes a España pero sin empresas intermediarias, una estrategia que hizo para diferenciarse de la gestión anterior, puesto que el entonces asesor Manuel Vázquez, imputado en esta causa, cobró comisiones millonarias.
En tanto, según precisaron fuentes judiciales a la agencia Télam, tanto en su exposición oral como en el escrito, Schiavi dijo “no tener conocimiento de la existencia de CAESA”, en referencia a la consultora que habría actuado como intermediaria para la compra del material ferroviario que resultó inservible, y cuyo rol es investigado en el marco de este expediente.
Por otro lado, Schiavi indicó que durante su gestión “en 2011, se abrió una licitación para poner a punto los trenes que estaban en los talleres de Remedios de Escalada”, entre ellos los que habían sido comprados a España y Portugal. No obstante, afirmó que “eso nunca pudo concretarse porque a la Secretaría le habían asignado apenas entre un 12 y un 14 por ciento del presupuesto que estaba pautado”, con lo cual, aunque de manera implícita, lanzó un tiro por elevación contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de quien dependía por aquel entonces su área.
Precisamente, De Vido es otro de los ex funcionarios que deberá prestar declaración indagatoria en esta causa, algo que fue pautado por el juez Ercolini para el próximo 27 de abril.
Por otra parte, al referirse a los contratos con Portugal, las fuentes consignaron que Schiavi dijo ante el juez que “no firmó contratos ni recibió, ni pagó ninguno de esos materiales”.
Sí detalló que envió “en diciembre del 2011 una nota a la empresa portuguesa para dar por rescindido el contrato” y que “nunca” obtuvo“respuesta”.
Además, en relación a los contratos con España, afirmó que “sólo” firmó “una adenda” -agregado- en el 2010 para “reclamar un crédito a favor de la Argentina de aproximadamente 6 millones de euros por material que no había sido entregado”.
En este sentido, Schiavi dijo que envió a un subsecretario de su área, Antonio Luna (fallecido en mayo del año pasado), en misión a España por ese motivo y que, “producto de esas tratativas, se consignió la entrega de siete locomotoras a punto para ser utilizadas”, que –de hecho, afirmó-“hoy se encuentran en funcionamiento”.
Por ahora, los únicos dos detenidos son Jaime y Vázquez, ambos en el penal de Ezeiza, imputados por malversación de caudales públicos por la compra entre 2004 y 2009 de trenes a España y Portugal, mucho de los cuales eran inservibles y hubo sospecha de pago de sobre precios.